Mejor tarde que nunca. Con la llegada de la Ley 105-13 se crea el sistema de remuneración que busca regular los salarios en el Estado. En un sistema donde el empleo público es parte del botín del partido o coalición que gana las presidenciales, en que el mérito y la capacidad no son determinantes para ingresar al sector público, también es de esperar que falte justicia y equidad en el pago a los trabajadores por los servicios prestados.
Su aplicación es provechosa y a la vez delicada, porque afecta intereses tradicionalmente constituidos en las alturas del poder gobernante. La dominicana es una burocracia clientelista que, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se caracteriza por escasa autonomía y baja capacidad. La autonomía la mide el grado de protección de los asalariados frente a la arbitrariedad y la politización. Mientras que la capacidad técnica depende de la preparación profesional de los servidores, las remuneraciones y la gestión del rendimiento.
Esta ley pretende eliminar distorsiones salariales fruto de la discrecionalidad institucionalizada de los políticos. No sólo despoja a los jefes de las instituciones públicas de la facultad de decidir cuánto gana hasta el último en nómina, sino que toma en cuenta la formación y la experiencia. Estimula el esfuerzo por mejorar la labor, pues conlleva un sistema de evaluación continua que premia y castiga según el desempeño. Los sistemas de remuneración permiten al Estado captar y mantener recursos humanos aptos para las exigencias de productividad y rendimiento que requiere.
Con tantas leyes de cumplimiento nulo o parcial, hay que vigilar su aplicación, ya que sus beneficios trascienden lo burocrático. Detrás de esta legislación de salarios para el sector público está en juego la cultura del mérito en República Dominicana, pues desde el Estado también se pueden dar ejemplos positivos a la sociedad. Pagar a cada cual lo que merece, y que a igual trabajo igual recompensa, son principios que deberían regular las relaciones laborales a lo largo del país. Hay que procurar el éxito de esta reforma, porque su impacto va más allá.
El autor estudió Comunicación Social y Ciencias Políticas. Se especializa en Asuntos Públicos en París, Francia.
