El ministro de Hacienda afirmó ayer que el impuesto a las compras por Internet inferiores a US$200 dispuesto por la Dirección General de Aduanas (DGA) no es ilegal y garantizó que en el gobierno de Danilo Medina no se tomarán medidas que contravengan la Constitución.Luego de participar en una reunión de 40 minutos con el jefe de Estado y otros funcionarios del sector recaudador, Simón Lizardo informó que en “su momento” Aduanas, Hacienda e Impuestos Internos publicarán la posición oficial respecto al tema.
Sin embargo, el funcionario aclaró que la reunión no se realizó para hablar sobre la decisión de la DGA, sino que se trató de un encuentro para pasar balance al comportamiento de las recaudaciones, que se realiza de manera periódica.
Además de Lizardo, en el encuentro participaron los directores de Aduanas, Fernando Fernández; de Impuestos Internos, Guarocuya Félix; de Presupuesto, Luis Reyes, el tesorero Nacional, Alberto Perdomo, y el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
“Regularmente el equipo fiscal del Gobierno se reúne con el Presidente de la República al inicio de cada mes para informarle cuál fue el comportamiento fiscal en lo referente a los gastos y los financiamientos”, dijo. En ese sentido, indicó que los ingresos, el gasto y las metas de financiamiento se están cumpliendo y están en línea con lo presupuestado para este año.
“Y eso nos permite entonces proyectar cuál será el comportamiento que vamos a tener de aquí hacia adelante. O sea, tenemos que proyectar para tener la prudencia necesaria y tomar las medidas pertinentes para seguir actuando tal y como está considerado en el presupuesto”, precisó Lizardo.
Elevan recurso inconstitucionalidad
Mientras tanto, tres entidades elevaron ayer un recurso de amparo preventivo por ante el Tribunal Superior Administrativo para impedir la aplicación del gravamen.
Al depositar el documento, la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), la Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios (Asodecu) y la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico, solicitaron al Tribunal fijar la audiencia antes del 15 de agosto, fecha en que cobraría vigencia la disposición.
“Toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o consuma”, dice el documento depositado ante secretaría del Tribunal Administrativo.
Previo a depositar el amparo preventivo, Trajano Vidal Potentini, presidente de FJT, reiteró que la iniciativa del director general de Aduanas, Fernando Fernández, es violatoria e inconstitucional.
“El director de Aduanas no tiene facultad ni autoridad legal para imponer impuestos; estamos en presencia de violación no solamente del decreto 402-05, sino, además, del desconocimiento de la voluntad del legislador dominicano”, expuso.
Los querellantes advirtieron que si la aplicación de ese tributo continúa su curso, en los próximos días van a encaminar otras acciones que no identificó.
Courriers acudirán a la Justicia
También se pronunció sobre el tema el presidente de la Asociación Dominicana de Empresas Courier (Asodec), José Burdiez, quien durante una rueda de prensa expresó que esa organización está analizando las acciones legales que emprenderán contra la medida y que serán adheridas a los recursos que han sometido otras entidades.
Dijo que la vía legal para que Aduanas cree nuevos impuestos es sometiendo un proyecto de ley por ante el Congreso Nacional que a su vez debería derogar varias leyes vigentes. Asodec también rechazó el llamado a protestar desnudos convocado a través de las redes sociales.
Gravar compras no traería efectos deseados
Uno de los efectos de la aplicación de impuestos a las compras por Internet, será que los ahorros o excedente del consumidor ya no se destinarían a demandar bienes y servicios en el mercado local y tampoco aumentarían la disponibilidad de fondos para la inversión. A esta conclusión llegó el Observatorio Político Dominicano de Funglode en su análisis: “El impuesto a las compras por Internet: El Estado y los empresarios enfrentados a la clase media”, en el que examinan las reacciones que ha provocado la medida. El estudio plantea que aún gravando las transacciones menores de US$200, es muy probable que se mantenga un diferencial de precios con el comercio local debido a que la estructura de costos de las empresas de courrier son menores que los de una tienda o cadena comercial. “Por consiguiente, el incentivo de comprar por Internet se mantendría, sobre todo por la variedad de productos a que se tiene acceso. De tal forma, la imposición de gravámenes a la compra por Internet no provocaría el cambio del patrón de consumo en línea hacia el comercio local”.
