La Federación Dominicana de Municipios y la Liga Municipal Dominicana reaccionaron ayer a las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Cuentas, quien volvió a quejarse de las dificultades que enfrenta esa institución para fiscalizar a los ayuntamientos del país. Johnny Jones reconoció las debilidades expuestas por Licelott Marte de Barrios, durante la entrevista realizada en el Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe y aseguró que la Liga Municipal Dominicana realiza esfuerzos para capacitar al personal de los cabildos a fin de que cuenten con la instrumentación necesaria para poder ser auditados.
En ese sentido, afirmó que en lo que va de año, esa institución en coordinación con la Asociación Dominicana de Regidores (Asodore) ha realizado cuatro seminarios dirigidos a contralores, gerentes financieros y tesoreros de las salas capitulares de los distintos ayuntamientos.
Añadió que la Liga está colaborando y asesorando al 35% de los ayuntamientos del país en cuanto a la adquisición de programas tecnológicos para que tanto la Cámara de Cuentas como la Contraloría General de la República, en observancia de las leyes que regulan la administración pública, puedan realizar su trabajo de fiscalizar el manejo de los recursos que reciben.
Asimismo, Jones, agradeció que la Cámara de Cuentas le remita permanentemente las estadísticas, informes presupuestarios y rendiciones de cuentas que se depositan anualmente en el Congreso Nacional.
Admite precariedades
En tanto, la dirección Ejecutiva de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) admitió que la función de control sobre la administración municipal es ejercida de forma precaria, sin suficientes recursos humanos y logísticos imprescindibles para prever la ocurrencia de errores, alertar y reconducir hacia prácticas administrativas acordes con los estándares legales previstos.
Víctor D’Aza, consideró que los informes provistos en los últimos años por los órganos de control de los fondos públicos presentan sobre todo situaciones de inobservancia de normas y procedimientos, omisiones y errores, que proyectados fuera de contexto ante la opinión pública contribuyen a crear un clima de escándalo y prejuicio sobre toda la administración municipal. A su juicio, esto estimula la sospecha y la tendencia a presumir culpabilidades no siempre fundamentadas.
Consideró que la insuficiencia financiera que afecta a la casi totalidad de los ayuntamientos les crea dificultades adicionales para dotarse de los recursos humanos necesarios para una administración cónsona con los principios y normas establecidos.
Critica falta de apoyo técnico del Estado
Víctor D’Aza aprovechó para criticar el hecho de que los órganos que tienen el mandato legal de ejercer funciones de control tienen escasa o ninguna presencia en los territorios y que esta presencia sería necesaria para actuar de forma directa, oportuna y continua. Sostuvo que los 155 ayuntamientos y 232 juntas de distritos municipales, en general administran sus recursos con escaso apoyo técnico por parte del Estado.
