El presidente Joaquín Balaguer aparentaba defender a ultranza la soberanía y la nacionalidad dominicanas ante las grandes empresas multinacionales y las naciones más poderosas. Lo contrario sucedía en la práctica con sus contratos mineros, como sucedió con la Falconbridge y la Gulf & Western, y las concesiones mineras con el oro de Pueblo Viejo, Cotuí, siempre onerosos para el Estado dominicano. Balaguer, sin embargo, parecía nacionalista intransigente.
En público el gobernante ultraconservador era sabio estadista intimidante que solía dar boches y humillar a sus subalternos. Una vez, en 1994, enrostró al Congreso una grave falla. Su falta de tacto en la aprobación de un importante contrato sobre el pago de la deuda externa. Era sólo una frase, hiriente por demás, insertada en una cláusula. Decía el contrato que República Dominicana tenía que pagar la deuda externa (solo eran 4,500 millones de dólares) contraída con multinacionales, principalmente de Estados Unidos, aún en el caso de que el país llegara a “fusionarse” con otra nación latinoamericana, en obvia referencia a Haití. Los congresistas pasaron por alto la frase, sin observar que era hiriente, ofensiva a la soberanía nacional.
El caso Loma Miranda mostró otra cara de esa misma moneda. Los congresistas, en su afán de aprobar al vapor la ley que declara Parque Nacional a Loma Miranda, lo hicieron sin ninguna clase de rigor científico. Frente a una demanda tan justa y sentida del pueblo dominicano, sólo quisieron pescar en río revuelto. ¿Por qué pasaron varios años con el proyecto bajo estudio y escucharon múltiples opiniones de expertos y organizaciones ecológicas? El oportunismo político los condujo a tomar una decisión precipitada, superficial, sin una justa valoración de las consecuencias ni los factores jurídicos envueltos en tan delicado asunto. Había que ponderar con cuidado la presencia de Falconbridge durante décadas en Loma Miranda, los 2,500 trabajadores de esa empresa, y los miles de pequeños agricultores del área, el impacto financiero de la indemnización en el presupuesto nacional y el impacto negativo en el entorno internacional. Hicieron lo mismo que con la Barrick Gold, que aprobaron el contrato sin leerlo, en el gobierno del expresidente Leonel Fernández.
Lo grave de todo es que en este desbocamiento congresual, que parece haber sido instigado por intereses políticos ajenos a la defensa del medio ambiente, están envueltos los congresistas de la oposición y del partido gobernante. Semejante conducta legislativa encontró de frente una muralla, la firme determinación de rechazo del presidente Danilo Medina, sin importarle su alta popularidad, que parece ser el objetivo central de sus adversarios internos y externos. Danilo no mató el anhelo de los ambientalistas ni hizo concesión alegre alguna a los grandes intereses económicos de Loma Miranda. Sólo congeló el proyecto para someterlo a un estudio ponderado y realístico. Se tiene que mantener firme el reclamo de Loma Miranda Parque Nacional, pero sin desbordar los niveles de la protesta civilizada y pacífica. Impulsar el mejor estudio posible, que agote todas las expectativas nacionales de una legislación juiciosa. Y establecer con claridad meridiana los recursos mineros y medioambientales a respetar. Y que el Congreso aprenda bien la lección y asuma con responsabilidad su rol de elaborar leyes, sin dejarse arrastrar por intereses políticos mezquinos, que solo procuran empujar el país por la fuerza hacía derroteros equivocados.
