Hacen mucho daño al sistema judicial estadounidense, uno de los más prestigiosos del mundo, los conflictos raciales entre policías y afroamericanos. Una democracia con enorme historial de respeto a las leyes y administración correcta de la justicia no debe permitir la degradación de su sistema judicial por decisiones cuestionables que perturban la paz pública y minan la credibilidad de la justicia.
Las protestas raciales de Ferguson, derivadas de un veredicto judicial cuestionable acerca de la muerte del joven afroamericano Michael Brown, de 18 años, a manos del policía blanco Darren Wilson, de 28 años, es solo uno en la cadena de conflictos raciales que conmocionan a toda la nación. La cuestión más preocupante es que son veredictos inapelables que resultan chocantes en una democracia con tantos mecanismos legales para solucionar conflictos criminales mayores y de cualquier índole.
Son hechos recurrentes que no comenzaron ahora ni terminarán mañana. Ya ocurrió lo mismo en la comunidad dominicana de Washington Heights en el verano del 1992 cuando la muerte del joven Quico García desató protestas violentas que culminaron con asaltos, saqueos y quema de negocios, hechos que ahora vuelven a repetirse en Ferguson, Misuri, New Jersey, Nueva York y Filadelfia. La ira popular es comprensible, no así la violencia, con lo cual solo generamos más violencia y nuevos sucesos lamentables.
En otro plano cercano estamos viendo la erosión del sistema judicial. Son los casos que envuelven narcotraficantes y personas que cometen fraudes o delitos criminales. Esos narcos delatan a otros a cambio de su libertad. Es lo que acaba de suceder con los hermanos Rodríguez Orejuela, de Colombia, jefes del Cartel de Cali, quienes fueron denunciados por uno de sus parientes, Willian Rodríguez Abadía, condenado a 20 años de cárcel, y quien logró reducir su sentencia a 5 años por denunciar a su propio padre y a su tío. La pregunta obligatoria es: ¿son confiables esos testimonios?
En un caso menos complejo, pero criminal al fin, el exasambleísta de origen dominicano, condenado por fraude, fue liberado de prisión y condenado a dos años de probatoria, por haber colaborado con la justicia denunciando a otros cuatro colegas suyos de la Asamblea Estatal envueltos en delitos de corrupción.
Micrófono en manos Nelson Castro, en aras de buscar su perdón, echó a un lado su condición de asambleísta estatal -el primer representante de los dominicanos en el Distrito 86- para convertirse en una chota o soplón. Desde antes de sentarse en el asiento legislativo ya corrían versiones de prensa sobre la mala conducta del ahora exasambleísta. En el mundo político nadie quedó sorprendido con su triste final.
Los fiscales tendrán sus razones para perseguir el delito con esa metodología. Lo que no está claro es si esos métodos marchan acorde con la credibilidad del sistema judicial. Los conflictos raciales en Misuri, New York y New Jersey reclaman atención más profunda. Una revisión a la composición racial de los jurados y cuerpos policiales puede ser la clave.
Lo que pasó en Washington Heights puede ser un ejemplo eficaz. Nombraron policías dominicanos en un barrio dominicano. En Misuri hacen falta más policías negros en un barrio mayoritariamente negro. Y un jurado integrado por una mezcla racial más equilibrada. Mal con tiempo tiene remedio. Antes que la enfermedad siga contagiándose estado por estado.
