La labor judicial es una de las tareas más delicadas que puede ejercer el ser humano. Aunque se trata de todo un sistema, el Judicial, un juez o jueza tiene el poder de determinar la libertad o prisión de un ser humano. Incluso, en algunos países ese poder va más allá, pues determina hasta la muerte de personas.
En el caso de la República Dominicana, donde la pena máxima es de 30 años, no existe cúmulo de penas, y no se conoce de nadie que haya cumplido los 30 años de prisión, la situación no deja de ser igual de delicada, pues de todas formas, el valor más preciado de todo ser humano, después de la vida, es la libertad.
Pero los hacedores de justicia, en algunos casos, parecen no conocer la importancia, delicadeza e influencia de sus labores, no sólo de los abogados y procuradores fiscales, sino también de los jueces de diferentes cámaras e instancias.
Un reporte oficial, al cual tuvo acceso elCaribe, indica que desde el año 1999 hasta ahora, es decir, en los últimos 12 años, 39 magistrados han sido expulsados por cometer “faltas graves” en el ejercicio de sus funciones. Se podría pensar que esa cantidad es poca, tomando en cuenta la frecuencia de las quejas y denuncias de sentencias inadecuadas por parte de ciertos magistrados; pero la realidad es que en promedio, vemos que el Poder Judicial expulsa a un juez o jueza cada tres a cuatro meses, entre tres y cuatro por año.
Eso es mucho, y además, es una muestra de cuán contaminado parece estar nuestro sistema judicial. Ni hablar de lo que pudiera estar pasando en el Ministerio Público, sin que se enteren los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto.
La denuncia más reciente en este campo es la del diputado Nelson Guillén, quien espera una cita con el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia para presentarle pruebas de acciones indebidas en la Corte de Apelación de San Cristóbal.
Las cifras también indican que la SCJ estaba haciendo su trabajo de depuración, aunque tal vez no a la velocidad deseada. Los nuevos magistrados tienen mucho trabajo.
