Los programas especiales de la Presidencia de la República son la “joya de la corona” del gobierno de Danilo Medina. En principio, intentan darle concreción de política pública a un discurso de gobierno en el que la política social tiene un rol central en el esfuerzo de desarrollo.
En esa visión, además de estar de por medio el derecho de las personas a vivir una vida digna, son ellas y no las cosas quienes “portan” las capacidades de ser más productivos y competitivos, y al mismo tiempo son ellas quienes deben ser las principales beneficiaras de sus resultados. En otras palabras, deja atrás la idea de que es en las cosas como las grandes obras o las grandes empresas, y no en la gente, donde se concreta el desarrollo.
Esta visión contrasta marcadamente con la que ha prevalecido en el país por muchos años en la que la política social tiene un rol residual y asistencialista, es decir, que atiende los problemas que la política económica no ha podido resolver, tales como la falta de empleo, los bajos ingresos y la incapacidad para comprar servicios básicos de calidad.
Los programas se fundamentan en una estrategia que el gobierno ha denominado “Quisqueya Sin Miseria”, y hasta el momento son tres: Quisqueya Aprende Contigo, Quisqueya Empieza Contigo y Quisqueya Somos Todos.
Es bien conocido que Quisqueya Aprende Contigo es el Plan Nacional de Alfabetización, que busca conjurar el analfabetismo, una vergonzosa deuda histórica del Estado dominicano con la población más marginada del país. Su objetivo no es particularmente novedoso. Tampoco es un programa de largo plazo porque tiene metas definidas que se cumplen cuando el analfabetismo desaparece como fenómeno social. Sin embargo, su impacto es profundo porque contribuye a crear capacidades básicas en personas que han tenido oportunidades extremadamente reducidas. No obstante, una vez se complete el Plan (2014), la misión debe ser otra: lograr que el sistema escolar no deje a nadie atrás, y que el 100% de alfabetismo se sostenga.
Por su parte, Quisqueya Empieza Contigo pretende ser un esfuerzo público por crear un sistema de protección y atención a la primera infancia, es decir, niños y niñas de 0 a 4 años de edad, por la vía de la provisión de servicios integrales de educación inicial, salud, nutrición y registro de nacimiento. Aunque las estrategias están en proceso de definición, las estancias infantiles deberán tener un papel central porque son espacios ideales para proveer esos servicios. Además, facilitarían la participación laboral de las mujeres y a mejorar los ingresos del hogar.
El reto de la sostenibilidad de un esfuerzo de este tipo es mayúsculo no sólo por los recursos sino por lo difícil que es articular distintas entidades públicas (Salud, Educación, CONANI como entidad rectora del sistema de protección de la infancia, registro civil) de un estado fragmentado como el nuestro en un mismo esfuerzo. Es por ello que la participación y apropiación comunitaria de las estancias u otras formas que el programa adopte, con recursos, trabajo y responsabilidades, es crítica para darle sostenibilidad. Sin dolientes que defiendan derechos y conquistas, los logros serían frágiles.
Por último, como en el anterior, “Quisqueya Somos Todos” busca articular al Estado y a los actores locales en el impulso de planes de desarrollo local en comunidades pobres seleccionadas, con atención especial al desarrollo económico, sociocultural e institucional, y con protagonismo de la gente misma y sus organizaciones, los gobiernos locales, el empresariado local y las iglesias.
Es difícil objetar los objetivos de estas iniciativas, aunque se puede debatir sobre las mejores formas para lograrlo. Es por ello que son un paso de avance. Con ello el Presidente Medina muestra tener una concepción progresista de la política social en el desarrollo.
Sin embargo, para que esa visión trascienda y para que el Estado se convierta verdaderamente en uno Social de Derecho, como lo dice la Constitución, Medina tiene que ser progresista en un sentido que no lo ha sido: el político. Tiene que atreverse a enfrentar los intereses que bloquean un adecuado financiamiento de esas iniciativas y que impiden que el Estado se transforme para proveer servicios sociales críticos y promover el desarrollo en sentido general.
El ejercicio conservador de la política es el principal enemigo de “la joya de la corona”.
