BUENOS AIRES. En respetuoso silencio, quebrado sólo por gritos de “justicia” y “Argentina”, una enorme multitud marchó el miércoles bajo una lluvia torrencial en reclamo de respuestas sobre la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman hace un mes.
Con banderas argentinas y carteles blancos con las leyendas “¡Justicia!” y “¡Verdad!” escritas en negro, los manifestantes recorrieron las diez cuadras desde el Congreso hacia la emblemática Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede del ejecutivo.
“Homenaje al fiscal Nisman, marcha del silencio. 18”, decía una pancarta negra con letras blancas que sostuvieron una decena de fiscales federales que convocaron a la movilización por su colega fallecido. Detrás de ellos, tratando de pasar desapercibidas entre la multitud, caminaron la exesposa, las hijas y la madre del fiscal muerto. La llamada Marcha del Silencio tuvo además réplicas en distintos puntos del país y en el exterior, como Australia, Estados Unidos, países de Europa y los vecinos Chile y Uruguay.
Si bien la marcha se autoproclamó “apolítica”, representó una demostración de fuerza contra el gobierno de Cristina Fernández —viuda y sucesora de Néstor Kirchner_, cuya credibilidad sufrió un fuerte impacto tras la muerte del fiscal que había presentado la denuncia más grave en su contra. Hasta pocas horas antes de la manifestación, el Gobierno la calificó como una maniobra desestabilizadora encabezada por miembros del Poder Judicial y corporaciones mediáticas.
“Este homenaje es mantener la transición del dolor que nos causó la muerte de un fiscal de la nación. Acompañando el sentimiento de la familia y en respeto a su memoria le pedimos a los cientos de miles a los cuales agradecemos su presencia en esta marcha les pedimos un minuto de silencio”, pidió Julio Piumato, líder del sindicato de trabajadores del Poder Judicial y único orador, a la multitud agolpada en la Plaza de Mayo.
Fue encontrado muerto en un charco de sangre
Nisman fue hallado en un charco de sangre el 18 de enero. Al día siguiente estaba prevista su presentación ante el Congreso de los detalles de su acusación de que la presidenta Cristina Fernández y altos funcionarios del Gobierno hicieron un acuerdo secreto con Irán para proteger a agentes de ese país presuntamente responsables del ataque con bomba a un centro comunitario judío.
