A raíz de la firma del Pacto Educativo, periodistas y articulistas hemos escrito sobre el mismo. Unos apoyan, otros critican; algunos simplemente reflexionan sobre esa concertación nacional por la educación que acaparó la atención de los dominicanos. Entre tantas voces, llamó nuestra atención el artículo del economista Pavel Isa, “Pacto Educativo y Poder”, del pasado 16 de abril en este mismo medio.
Se hicieron consultas de manera respetuosa e inclusiva, se constituyeron 9 mesas de trabajo y después de muchas horas, se lograron acuerdos y compromisos con la implementación. Ahora bien, como tan acertadamente plantea el articulista que cito, esa implementación requiere, “un cambio sustantivo en los arreglos de poder y en la distribución de los recursos asignados a la educación pública”. Nada más cierto…Comentemos tres de los compromisos asumidos que requieren pérdidas de cuotas de poder significativas.
Insertar una nueva generación de maestros a través de concursos plantea la despolitización gradual del sistema. El perverso binomio partido-puesto es una realidad que nos golpea. Un sistema que contrata más de 7000 maestros, 6000 directores, 2000 técnicos, 106 directores distritales, 18 directores regionales, constituye un espacio de participación política que los partidos deberán estar dispuestos a perder.
Asimismo, la permanencia y movilidad de docentes y directivos de la estructura, estará regulada por un proceso de evaluación de sus competencias y el cumplimiento de sus funciones. Este compromiso en particular, requiere la disminución del peso de la actividad gremialista como criterio para la estabilidad del docente o la consideración de un ascenso a puestos directivos. La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) deberá convertirse en un aliado objetivo del sistema para garantizar la operatividad con éxito del Estatuto Docente y del Tribunal de la Carrera Docente.
Por último, la implementación del Pacto a mediano plazo requiere la reordenación del gasto en educación. Producto de las demandas del proceso de rediseño curricular en marcha y de la implementación universal de la tanda extendida, de una alta inversión en infraestructura, deberíamos pasar a más inversión en docentes, personal especializado, a escuelas mejores equipadas. El gobierno también deberá lidiar con las implicaciones del cambio en tipo de inversión.
¿Será una utopía pedir esos sacrificios de poder a los sectores señalados? l
