Paulina Gómez es una señora de la tercera edad que emigró de su natal Puerto Plata al barrio Gualey de la capital a finales de los años 60, donde su esposo Benito, hoy fallecido, compró un solar.
Ella ha guardado con celos el “papel” que recibió del vendedor del inmueble donde hoy tiene su casa modesta que durante años construyó con mucho esfuerzo junto a su esposo.
En 1979 le nació su única hija, y cuando la joven tuvo edad de ir a la universidad descubrió algo que todavía le angustia. Es que varios años después de morir su esposo, que era el proveedor de la casa, tuvo la necesidad de mandar su hija a una universidad privada y recurrió a lo único que para ella tenía valor económico: su casa.
Desconocimiento
Pensando que la parte donde vive no le llaman Gualey, sino Ensanche Espaillat, creía que el banco le facilitaría sin problemas un préstamo, pues tenía como garantía su “título de propiedad”.
Su mayor sorpresa fue cuando el empleado bancario le dijo que no podían facilitarle el préstamo porque no era dueña de los terrenos en donde tiene su casa. Que tiene derecho a la casa, pero no al solar.
Como doña Paulina hay miles de familias de los barrios de la Zona Norte, Los Mina, La Yuca, Invivienda y otros, que desconocen que las tierras donde tienen sus viviendas son reclamadas por las familias que alegan ser los auténticos propietarios o que el Estado levantó proyectos sin obtener títulos de los terrenos.
En la parte de Los Mina, muchos desconocen que esos terrenos están registrados por la familia Gadala María como sus legítimos propietarios y que muy pocos ocupantes les ha comprado a ellos. Algunos sectores de esa zona fueron levantados en terrenos del Cabildo y del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Román Batista, director de Ciudad Alternativa, una entidad que surgió para acompañar y asesorar a la gente de los barrios ante los desalojos en los gobiernos de Joaquín Balaguer, en los años 90, cuenta que Rafael Leónidas Trujillo declaró de utilidad pública parte de los terrenos de la zona norte, pero que nunca pagó los predios a sus dueños.
Sin embargo, aclara que en la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), que construye la segunda línea del Metro de Santo Domingo le comunicaron que la familia Vicini no ha podido sostener de manera legal la titularidad de la zona.
“¿Dónde es que está el limbo en este caso? : en que los expropietarios (Los Vicini) dicen que no existe un cheque que sustente el pago de esa declaración de utilidad pública”.
Marco legal
Robinson Ariel Cuello Shanlatte, abogado especializado en el tema de la legislación de propiedad, asegura que los derechos reales inmobiliarios para su eficacia frente a los terceros requieren la existencia de un régimen de publicidad.
“El que vive en una casa no necesariamente es el dueño. ¿Cómo tú acreditas quién es el dueño?, a través de los documentos que avalan que esa persona es el propietario”.
Por eso defiende la importancia del estado de derecho que avala la propiedad de un inmueble mediante un documento como lo establece el sistema de garantías Torrens.
Ante las comunidades desarrolladas en barrios como 27 de Febrero, Espaillat, Simón Bolívar, Las Cañitas, La Ciénaga, Los Guandules, Los Mina, Katanga, Vietnam, el jurista plantea que por el respeto al derecho de propiedad, el Estado debe declarar de utilidad pública los terrenos ocupados, que implique el pago justo de la tierra a sus propietarios y realizar los programas sociales que entienda promueva la vida de esas personas.
“Desde la época de la tiranía ha habido una modalidad muy buena o muy legitimada para hacerse de dinero en la función pública y es que en todos los gobiernos aparece gente muy bien relacionada, porque aquí la mayoría de los terrenos declarados de utilidad pública no se pagan, pasan a deuda pública y ahí aparecen los políticos de turno que te dicen yo te cobro la deuda y me das un porcentaje de lo que el Estado te va a pagar y así se extorsiona a los propietarios”.
Plan Cigua, modelo de integración social
En 1989 el Centro de Asesoría e Investigaciones Legales (CEDAIL) y el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales(COPADEBA) crearon Ciudad Alternativa, una entidad de acompañamiento técnico a los pobladores de los barrios de la Zona Norte en desalojo para hacer valer su derecho al territorio.
El gobierno de Joaquín Balaguer trató de expulsar a los habitantes de barrios como Los Guandules, La Ciénaga y otros, pero no lo logró por la movilización de esas tres organizaciones.
Luego la entidad implementó el “Plan Cigua”, que abarcó a La Ciénaga y Los Guandules y se mejoraron las condiciones de vida de sus moradores con encache de cañadas y otras obras.
«Los 48 mil kilómetros cuadrados del territorio están afectados por el desorden en el ordenamiento del registro”.
Román Batista
Director Ciudad Alternativa
«Se necesitan actores porque las leyes no son las que hacen las reformas, las reformas las hacen los hombres”.
Robinson A. Cuello Shanlatte
Experto jurisdicción inmobiliaria
