Dos dirigentes perredeístas se querellaron ayer contra tres diputados que divulgaron una conversación telefónica, donde hablan de matar a Miguel Vargas. El sometimiento, hecho ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por Guido Gómez Mazara y Leonardo -Leo- Adames, en contra de los legisladores Víctor Gómez Casanova, Aquiles Ledesma y José Isidro Rosario, se fundamenta en que se violó la intimidad de Mazara y Adames al hacer pública (en rueda de prensa) una conversación telefónica que sostuvieron de manera privada, relativa a matar al presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Uno de los abogados de los querellantes, Julio Cury, explicó que, además de que los diputados no tenían una orden judicial para intervenir los teléfonos, aunque la tuvieran, la publicación de la misma constituye un ilícito penal, ya que una grabación debe ser resguardada como medio probatorio y solo puede ser divulgada a la opinión publica cuando se haya dada auto de apertura a juicio.
La instancia indica que los hechos relatados constituyen una “violación a la intimidad”, figurada en el artículo 337 del Código Penal.
Esta infracción se puede castigar con prisión de 6 meses a un año, y multas de 25 mil a 50 mil pesos.
