La Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF) denunció ayer que el principal problema que enfrenta el sector farmacéutico y los consumidores es la venta de medicamentos falsificados y contrabandeados.La entidad estima que este comercio ilícito sobrepasa los RD$1,000 millones al año y se ha incrementado significativamente en los últimos doce a 18 meses, lo cual representa un grave riesgo para la salud de los dominicanos.
En un espacio pagado publicado en esta edición, la ARAPF también acusa a la Dirección General de Drogas y Farmacias del Ministerio de Salud Pública de no dar salida a unos 7,000 expedientes de solicitudes de registro sanitario, de los cuales, según asegura, alrededor del 80% corresponde a medicamentos que han estado en el mercado por muchos años. “Por tanto, su eficacia, inocuidad y seguridad son ampliamente conocidas y además, ya pagaron los impuestos requeridos para su tramitación”, agrega.
La entidad, que preside Henry Suárez Ruiz, sostiene que esta acumulación de expedientes no es responsabilidad exclusiva de la presente gestión, sino que ha venido produciéndose durante los últimos tres años, por lo que sugiere que se busque una solución consensuada al problema. “Le reiteramos (a Salud Pública) la total disposición de aportar nuestros mejores esfuerzos institucionales para enfrentar de manera decidida esta mala práctica, que como hemos señalado, conlleva un grave riesgo para la salud de todos los dominicanos”, indica el comunicado.
En la misiva pública dirigida al ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, la asociación también destaca que la norma que regula la publicidad y promoción de medicamentos y productos de higiene personal y del hogar fue publicada sin haber terminado el proceso de consenso iniciado entre las autoridades y los representantes empresariales.
En ese sentido, señalan que la norma contiene errores y aspectos con los que no están de acuerdo ninguna de las asociaciones empresariales del sector que participaron en el “truncado proceso” y que a su entender deben ser corregidos.
La entidad se queja de que en varias oportunidades han solicitado reunirse con las autoridades de Salud Pública para abordar estos temas pero no han recibido ninguna respuesta, por lo que expresaron su disposición de diálogo a fin de llegar a un acuerdo.
Más de 20 mil productos sin registro
La reacción de la ARAPF se produce luego que la Fundación Prensa y Derecho denunciara la semana pasada que más de 20 mil productos farmacológicos y alimenticios se comercializan en el mercado dominicano sin registro sanitario, ni etiquetado en español con la información sobre componentes de fabricación, plazos de vencimientos y situaciones de peligrosidad potenciales.
El abogado Namphi Rodríguez, presidente de la Fundación, afirmó que esa situación expone a la ciudadanía a riesgos invaluables por la alteración de productos de todo tipo, lo que ha motivado que en dos ocasiones hayan emplazado al Ministerio de Salud Pública a cumplir con las leyes General de Salud y de Protección de los Derechos de los Consumidores, sin que hasta el momento se haya obtenido ninguna respuesta.
El pasado miércoles, la entidad que realizó la investigación “Situación de los Consumidores Dominicanos Respecto del Derecho a la Información y el Deber de Seguridad en Productos Alimenticios y Farmacológicos”, volvió a interponer un acción de amparo en el Tribunal Superior Administrativo para que las autoridades retiren del mercado estos productos y que se hagan los aprestos de lugar para crear una norma que regule el etiquetado.
Pro Consumidor admite fallos
De su lado, la directora del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Altagracia Paulino, admitió que el cumplimiento con el etiquetado y registro sanitario es todavía una tarea pendiente, pero aseguró que las autoridades trabajan para aplicarlo de forma cabal a finales del mes de noviembre.
“Nosotros, las autoridades, hemos sido quienes hemos fallado para que los suplidores de productos cumplan con el etiquetado”, subrayó.
La funcionaria afirmó que hace un mes se intentó aplicar la normativa para que todos los productos de consumo tengan en sus etiquetas, en idioma español, todas las informaciones que precisa el consumidor, pero que hubo de posponerla ya que las autoridades no habían cumplido con el registro sanitario.
“Cuando se les exigió una serie de informaciones, ellos dijeron que Salud Pública no les había entregado sus registros sanitarios, y como somos las autoridades las que estamos en falta, entonces se les dio un plazo de seis meses, que se cumplen a finales de noviembre, para que presenten sus registros”, dijo.
Paulino reconoció que el ministro de Salud, Freddy Hidalgo, ha puesto todo el interés en que la emisión del registro sanitario se agilice, al punto de que en el año 2010 más de un 60% de los productos no estaban etiquetados ni tenían registros sanitarios, y hoy en día ha bajado al 15%, según sus propios datos.
El Estado también pierde
Mientras tanto, el viceministro de Salud Ambiental, doctor Roberto Berroa, fue más lejos al afirmar la semana pasada que en los últimos 10 años grandes almacenes, supermercados e importadores de productos de consumo han dejado de pagar al Estado más de RD$1,000 millones al dilatar el inicio de trámites para el registro sanitario.
Berroa señaló que “hay grandes almacenes de capitales extranjeros” a los que se les han contabilizado más de 3,000 productos sin registros sanitarios.
Ley del Consumidor exige el etiquetado
Los directivos de la ARAPF han hecho gestiones para reunirse con el ministro de Salud Pública, pero no han obtenido respuesta. El artículo 84 de la Ley General de Protección a los Derechos del Consumidor (358-05), en su capítulo VII de Información y Educación de los Consumidores, establece que todo proveedor de bienes y/o servicios está obligado a proporcionar al consumidor o usuario en la etiqueta o soporte similar, una información, por lo menos, en idioma español, clara, veraz, oportuna y suficiente sobre los bienes y servicios que oferta.
