La República Dominicana ha recibido una condena necesaria por la falta de voluntad suficiente para esclarecer la desaparición del profesor y comunicador Narciso González, ocurrida durante el último gobierno de Joaquín Balaguer, el 26 de mayo de 1994.
Para todo el mundo en el país, Narcisazo fue desaparecido. Nunca jamás la administración de Balaguer haría lo necesario para establecer qué ocurrió con su vida, pero tampoco lo hicieron las administraciones sucesivas de la jefatura del Estado. El panorama que predominaba en el país distaba mucho de los gobiernos de los doce años, pero bajo la administración Balaguer cualquier hecho de fuerza era posible. La desaparición del escritor entraba en esa posibilidad.
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos valora esos indicadores. En 1994 en el país predominaba “un contexto de alta tensión política y de vigilancia a opositores y críticos al gobierno, así como de prácticas de detenciones ilegales y de tratos crueles, inhumanos o degradantes y tortura por parte de organismos de seguridad”. Asimismo, la Corte valoró la existencia de al menos cuatro testimonios, según los cuales, Narcisazo “estuvo detenido en la Dirección de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional y en la Fuerza Aérea Dominicana el día de su desaparición y siguientes, bajo custodia de autoridades estatales, aparentemente golpeado y en mal estado físico, en estas últimas dos dependencias, cuya autenticidad o veracidad no han sido puestas en duda fundadamente”.
Otro elemento clave considerado por la Corte para condenar al Estado dominicano es que las autoridades no esclarecieron esos hechos ni ofrecieron una versión definitiva y oficial del destino de González, después de 17 años y nueve meses. En fin, que el Estado dominicano no protegió los derechos de Narcisazo.
La indemnización por el daño a la familia de Narcisazo no será suficiente. Vale más el reclamo de que el Estado cierre el caso con una seria, exhaustiva y esclarecedora investigación.
Y deploramos que el caso haya llegado a este punto por el predominio de la cultura del encubrimiento. Por ello, la condena es merecida.
