El Ministerio de Defensa ordenó el cierre de la empresa Private Security e intervino otras dos en las que también detectó anomalías.
La cartera, a través de la Superintendencia de Seguridad Privada, detectó incumplimiento de las normas por parte de Private Security, y decidió intervenirla, cerrar sus operaciones y otorgarle un plazo de 90 días para disolver los contratos con sus clientes y cumplir los compromisos con su personal.
La semana pasada, al principal ejecutivo de la empresa, general retirado José Ignacio Sandoval, se le dictó como medida de coerción, presentarse periódicamente en la Fiscalía de Santo Domingo.
A las otras dos compañías, se les otorgó un plazo de 90 días para poner en orden sus operaciones, con la advertencia de que podrían ser clausuradas.
