El director de Migración deploró la condena de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), tras considerar que el tribunal acosa al país.José Ricardo Taveras advirtió ayer que República Dominicana pudiera no cumplir la condena por la muerte de seis ciudadanos haitianos en un hecho ocurrido en el año 2000, debido a que el acuerdo entre el país y esa corte no ha sido ratificado nuevamente por el Congreso Nacional. Mientras que la directora ejecutiva de Participación Ciudadana (PC), Rosalía Sosa, precisó ayer que el Estado debe reflexionar acerca de la política internacional por la recurrencia de las condenas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el país.
Aunque hizo la aclaración de que el fallo sólo constituye una declaración de responsabilidad, al tiempo que manifestó que “la política migratoria del Estado no ha dado resultado, lo que se evidencia en las tres condenas contra la República Dominicana en los últimos tiempos”.
También hizo un llamado al Estado a que realice una revisión de la política migratoria.
Una“vergüenza”
El asesor especial de Amnistía Internacional (AI) Javier Zúñiga dijo que la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la República Dominicana por la muerte de seis inmigrantes haitianos y un dominicano en el 2000 “es una vergüenza para el país”.
La resolución del caso, conocida antes de ayer, declaró al Estado dominicano culpable de estas muertes, ocurridas a manos del Ejército la madrugada del 18 de junio de 2000 en la frontera con Haití, cuando los haitianos intentaban entrar de forma irregular al país vecino en un camión para buscar trabajo.
La sentencia del 24 de octubre, indica que los jueces dieron por acreditado que “agentes dominicanos abrieron fuego indiscriminado” contra el camión durante una persecución luego de que el vehículo no se detuviera en un puesto de control”.
“Con motivo del uso ilegítimo, innecesario de la fuerza, el Estado violó el derecho a la vida” de los haitianos Fritz Alce, Ilflaudia Dorzema, Nadege Dorzema, Jacqueline Maxime, Pardis Fortilus y Roselene Thermeus, y del dominicano Máximo Rubén de Jesús Espinal, indica el fallo sobre el caso, conocido como “La masacre de Guayubín”.
