“Mediante la sentencia 315/15, de fecha 25 de septiembre del presente año, el Tribunal Constitucional ha dado respuesta a la consulta que le sometiese el presidente Danilo Medina, el pasado 11 de marzo, sobre la constitucionalidad del Acuerdo sobre el Estatus del Personal (Militar) Estadounidense en el País, el que había sido firmado, por ambas partes, en enero pasado”.
Así se expresó el secretario general del Movimiento Izquierda Unida (MIU), Miguel Mejía, quien dijo que la decisión del Tribunal Constitucional reviste carácter histórico y es, a la vez, un grave llamado de alerta. Según la misma, es anticonstitucional e inaceptable, por lo establecido en la propia Carta Magna, que contingentes militares de un país extranjero se desplieguen en el nuestro, sin haberse antes precisado la duración concreta de su presencia, ni la forma en que esta debía ser regulada y controlada por las autoridades nacionales.
“Los detalles que fundamentan la sentencia del Tribunal Constitucional brindan motivos de alarma justificada: ¿Cómo es posible que autoridades del país, responsablemente, hayan firmado un tratado de naturaleza tan sensible, sin cumplir las formalidades mínimas de consulta previa? ¿Cómo es posible que se pueda firmar alegremente un convenio, a todas luces oneroso para República Dominicana, y además carente del menor rigor, y que, como indica la propia sentencia, no es equitativo y si fuente de privilegios inadmisibles sobre nuestro suelo? ¿Qué conceptos tienen los firmantes dominicanos del tratado acerca de lo que es seguridad y soberanía nacional? ¿Qué concepto tienen de lo que es Patria?”, cuestionó Mejía.
Agregó que es inadmisible, pero cierto. “Y por si fuese poco, las cargas derivadas de semejante tratado, tan obsequioso hacia las Fuerzas Armadas de la nación más rica y poderosa del planeta, según lo pactado, recaerían sobre nuestro país, como si ya no tuviésemos bastante con la crisis económica que nos azota, y la pobreza que asola a grandes capas de la población”.
“Creo que desde los tiempos del general Santana pidiendo la anexión de nuestra República al reino de España, y de los de la Junta Militar antipatriótica de San Isidro, pidiendo al presidente Johnson, en abril de 1965, el desembarco de marines yanquis para hollar nuestro suelo, y reprimir al pueblo, no habíamos conocido de semejante despropósito antinacional”, resaltó el secretario general del MIU.
Miguel Mejía agregó “Porque, a fin de cuentas, ¿quién se siente ahora con la obligación moral de explicar al país, para qué permitir la presencia, casi secreta, de personal militar norteamericano, sin precisar su tiempo de estancia, ni justificarla; sin control alguno por parte de las autoridades nacionales, y a costa del ya más que agobiado contribuyente nacional?”.
Dijo que las políticas secretas esconden, frecuentemente, intenciones de igual naturaleza. No es hipotecando la soberanía y la independencia, incluso, la integridad y el respeto a nuestras leyes y Constitución, como se defiende la Patria, ni se promueven los intereses nacionales. Mientras cierta prensa y políticos demagogos y vocingleros azuzaban a los dominicanos “contra el peligro haitiano” era otro, muy distinto, el peligro que nos acechaba.
La sentencia 315/15 del Tribunal Constitucional debe ser respaldada y felicitada por todos lo que sienten amor por nuestro suelo, con la misma fuerza con que debemos repudiar procedimientos lesivos al país y sus instituciones, como el que se acaba de propiciar con la firma de este tratado anticonstitucional.
Sin dudas, se trata de un grave llamado de alerta. La sociedad dominicana debe exigir ser informada, hasta la saciedad, de este funesto precedente, y exigir las responsabilidades de rigor.
Con una Patria que ha costado ríos de sangre, sufrimientos y sacrificios, no se juega.
