Una de las metas más importantes que se ha trazado la administración del presidente Medina es la modificación de la matriz de generación de electricidad del país.La licitación para la construcción de dos plantas a carbón de 300 MW cada una que ejecuta la CDEEE y que deberá concluir antes de que termine el presente mes, unida al anuncio realizado en meses pasados por la empresa AES para la construcción de Itabo III, 300 MW a carbón, es un paso firme para la consecución de esta meta.
La conversión de generadoras que consumen HFO No.6 y diesel a gas natural licuado (GNL) y la ampliación e instalación de nuevas plantas a gas, tales como el cierre de ciclo de la planta DPP que agregaría 100 MW, aumentaría la ya importante participación que tiene el GNL en la generación de electricidad.
Todo lo anterior contribuirá a reducir el costo promedio de generación, aliviando de manera gradual del déficit financiero del sector eléctrico, en la medida en que se vayan reconvirtiendo a GNL las plantas que consumen derivados de petróleo y entrando la nueva generación a gas y carbón.
A este primer esfuerzo, sin embargo, deberá seguir una estrategia que permita elevar la eficiencia del segmento de la distribución y comercialización de electricidad. Esto va a requerir unas inversiones significativas de recursos para mejorar la infraestructura de distribución y comercialización. Pero también, una férrea voluntad política para ejecutar un programa integral y efectivo de combate del fraude en el consumo de electricidad. Así como los banqueros dominicanos comprendieron muy bien el mensaje claro que se envió a partir del 2003 sobre el precio que tendrían que pagar si incurrían en fraudes bancarios, los usuarios del servicio de electricidad entenderían claramente el mensaje, si el Gobierno sometiese judicialmente a cinco o seis grandes consumidores fraudulentos de electricidad. Después de todo, como sucedió también en el caso de los fraudes bancarios, el Estado termina pagando la energía que los usuarios roban.
Una vez la estrategia de combate firme del fraude en el consumo de electricidad haya sido puesta en marcha, será necesario una política tendente a racionalizar y despolitizar el proceso de determinación de los precios de la electricidad. Esta política debería comenzar con el desmantelamiento del mito de que la República Dominicana tiene la tarifa eléctrica más cara del mundo. Eso es falso. Corresponde al Gobierno, que a través de la Superintendencia de Electricidad determina la tarifa, ejecutar una campaña de restablecimiento de la verdad sobre las tarifas de electricidad que pagamos los dominicanos.
Un estudio de octubre del 2013, con datos del 2011, realizado por la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) determinó que el precio promedio de la electricidad que pagan los hogares dominicanos es de 18 centavos de dólar el kWh. ¿Es ese el precio más alto de la América Latina y el Caribe? No. En Haití es de 35, Grenada y Jamaica 32, Barbados 30, Uruguay 28, Brasil 26, El Salvador y Guyana 24, Cuba 23, Nicaragua y Belice 22, Chile 21 y Colombia 19. En Puerto Rico, para el 2013, la tarifa residencial rondaba los 25 centavos.
Si echamos una mirada más intensa en el Caribe, se concluiría que el tamaño de la desinformación tarifaria prevaleciente en el país es mucho mayor. El estudio tarifario realizado en septiembre del 2012 por el Caribbean Electric Utility Service Corporation (CARILEC), calculó el costo de la factura de electricidad para un hogar que consume 100 kWh al mes en los países del Caribe. Según ese estudio, en Bermuda la factura llegaría a US$65.50, el más alto entre todos los países evaluados. Le siguen Montserrat con 49.90, Turks & Caicos 49.44, Islas Vírgenes (EUA) 46.50, Islas Caimán 45.08, Islas Vírgenes Británicas 42.79, Anguila 42.04, Grenada 41.40, Dominica 40.33, Antigua 40.22, Nevis 38.72, Bahamas 38.27, San Vicente 37.88, San Martín 36.66, Curazao 35.88, Barbados 35.25, Santa Lucía 34.17, Jamaica 34.05 y Belice 18.50. Cuando ese cálculo se realiza para RD, encontramos que el costo de la factura que recibe un hogar que consume 100 kWh al mes es de US$11.28. En otras palabras, 100 kWh al mes le cuesta a un hogar dominicano lo mismo que 5 cervezas Presidente medianas.
Si los dominicanos queremos enfrentar el problema de la electricidad, el primer compromiso que debería establecerse en el Pacto Eléctrico es que no habrá espacio, en lo adelante, para los mitos, medias verdades y falsedades sobre las variables del sector eléctrico.
Los dominicanos debemos estar conscientes que cualquier subsidio que el Gobierno otorga, de alguna manera se paga. Una buena parte del financiamiento de ese subsidio lo pagarán las futuras generaciones en el futuro. Eso es lo que hacemos, por ejemplo, con el financiamiento de Petrocaribe. Nos hemos endeudado con Venezuela en unos US$3,500 millones para que las presentes generaciones de dominicanos podamos consumir la electricidad al precio subsidiado que prevalece en la actualidad. ¿Quién terminará pagando esa deuda? Nuestros hijos y nietos.
Si no racionalizamos la política de subsidios en la electricidad seguiremos alentando el endeudamiento público acelerado, sin que ello se traduzca en una mejora de la competitividad. Nos endeudamos para consumir electricidad a un precio inferior al costo de generación, transmisión, distribución y comercialización que enfrentan las EDES. No es por casualidad que la RD es el país de la región, según el estudio de OLADE, donde se confiere, después de México, el mayor subsidio a través de la tarifa social: RD$10,000 al año por hogar, 17 veces más que Honduras, 8 veces más que en Perú, 3 veces más que en Jamaica, 2.6 veces más que en Brasil, 2.4 veces más que en Cuba, 2.1 veces más que en El Salvador, 1.6 veces más que en Colombia y 1.1 veces más que en Uruguay. La verdad, por más dura que resulte, debe ser dicha: eso es insostenible.
