El profesor Ackley, de la Universidad de Michigan, señalaba que al momento de analizar un problema se debía distinguir entre los de flujo y los de una cantidad fija, para evitar conclusiones equivocadas. El actual debate sobre la nacionalidad de los hijos de padres ilegales adolece exactamente de esa deficiencia. Algunos comentaristas, reconocidos por ecuánimes y rectos, han argumentado que constituye un genocidio civil el negar la nacionalidad a un número de hijos de padres ilegales que han crecido en el país, condenándolos a ser apátridas.
Sin embargo, un planteamiento limitado a qué hacer con 10, 20 ó 30 mil personas ignora la realidad del flujo migratorio descontrolado, que se desbordaría aun más de otorgarse el beneficio adicional de la nacionalidad, incentivando además la paternidad irresponsable y el comercio de seres humanos. Muchos niños abandonados tendrían “padres” virtuales que reclamarían el mismo reconocimiento dado a sus “hijos”. En fin, de seguir por ese derrotero terminaríamos con una pujante población de nuevos “dominicanos”, que podría provocar hechos muy graves para nuestro país.
Los que se oponen a la posición humanitaria con argumentos legales y constitucionales están conscientes de estos graves riesgos para el país. Sin embargo, la posición legalista es tan equívoca como la humanitaria, pues ignora igualmente las consecuencias de un flujo migratorio descontrolado que, de continuar, crearía una minoría sin derechos cada vez más numerosa, y que llegado el momento reclamaría su inclusión, en igualdad. La experiencia histórica está ahí. Nosotros terminaremos en el mismo derrotero de otros pueblos que subyugaron o ignoraron los reclamos de importantes minorías, hasta que las compuertas se rompieron…
Los argumentos así planteados por ambos lados adolecen de fallas adicionales. En primer lugar, los hechos sociales creados por una inmigración descontrolada definirán tarde o temprano los fundamentos jurídicos y no viceversa, como argumentan quienes se apoyan en las leyes vigentes. En segundo lugar, la presente discusión ignora que la inmigración descontrolada empobrece a los sectores más vulnerables de nuestro pueblo, pues erosiona sus salarios, les quita puestos de trabajo y demanda servicios sociales. Esta realidad le resta legitimidad a aquellos que abrazados en las leyes pretenden defender principios, cuando no han cumplido con sus responsabilidades mas esenciales hacia este pueblo desprotegido, y a aquellos otros que llevados por su sensibilidad humanitaria defienden a un grupo, a cambio de la miseria de otro grupo mayoritario de sus propios conciudadanos. ¿Con qué fundamento moral?
En conclusión, la solución de este dilema consiste en establecer, en primer lugar, un efectivo control fronterizo, como está haciendo Estados Unidos, donde una vaya fronteriza ha limitado el flujo migratorio a mínimos históricos, sin afectar un intercambio comercial de 495 mil millones de dólares. Una vez limitada la inmigración ilegal, se debe dar un trato humanitario a quienes lo ameriten, como los descendientes de padres ilegales que corren el riesgo de ser apátridas.
