Este es el país de los incrédulos. Tiene que ver con una historia de baja credibilidad por la falta de transparencia de los gobernantes. Esa actitud tiene raíces en la larga dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, donde nada se informaba con calidad a la población que aceptaba sin cuestionamientos las instrucciones del poder.
Es comprensible a la luz de un proceso democrático en construcción, después de una larga transición que a su paso arrastró una etapa de inestabilidad, golpes y contragolpes, un frustrado período de legitimidad y una contienda civil por la constitucionalidad, y finalmente, un gobierno de fuerza con fachada democrática, fruto de una intervención militar.
Generar confianza desde el poder después de un discurrir tan escabroso tampoco es sencillo. Porque ya establecida la alternabilidad y mayores grados de tolerancia política, los pasajes oscuros no han permitido que la población deje de ver componendas y arreglos en todo el quehacer público. Y ante cualquier iniciativa, viene la duda.
Es lo que está ocurriendo con la propuesta de la Junta Central Electoral (JCE) y su proyecto de ley para cumplir con el artículo 210 de la Constitución de la República, que establece la regulación de las consultas populares mediante una ley orgánica, una de las tareas pendientes del Congreso para complementar la reforma constitucional.
Aunque el pleno de la JCE aprobó el proyecto el 23 de junio, la iniciativa de ese organismo la pasada semana coincidió con pronunciamientos sugerentes de la reimplantación de la reelección presidencial sucesiva.
En esas circunstancias, nadie cree otra cosa y mucho menos entiende, sobre todo en los estamentos más mensos de la población, que se trata simplemente de un proyecto con el propósito de darle corporeidad a un mandato constitucional.
Lo que mucha gente ve es un concierto dirigido a restituir la reelección, lo que en esta circunstancia puede caer en el campo de lo absurdo. Pero sospechar es libre y dudar también.
El poder debe comprender, cada vez más, a todos los niveles, la importancia de la transparencia para afirmar la credibilidad pública.
