Hace ya casi 5 años que fue implementado el plan de salud en el Sistema Dominicano de Seguridad Social y pareciera que está a punto de colapsar.Cuando se hicieron los acuerdos en el año 2007, que dieron inicio al régimen contributivo en la parte de salud de la seguridad social, quedó claro que era una solución provisional, que obligaba a decisiones posteriores, que debían garantizar la sostenibilidad financiera y el fortalecimiento de esta conquista de los trabajadores.
Dentro de estos acuerdos se impuso la condición de impedir el desarrollo de las redes de unidades de atención primaria en el régimen contributivo, ya que, según los argumentos de Andeclip, esto violaba el principio de libre elección por parte de los afiliados.
Esta precondición, viola el concepto en que se sostiene el sistema, ya que, tanto la ley 42-01 (Ley General de Salud), como la 87-01 (Ley de Seguridad Social), establecen la necesidad de implementar una puerta de entrada a los servicios sanitarios, de modo que este actué como agente de contención de costos y permita la viabilidad financiera.
Hay que hacer notar, que ambas leyes son complementarias, una la 42-01, es una ley de reforma del sistema sanitario, que plantea una reforma sistémica y establece derechos y deberes, tanto a los prestadores públicos como a los privados.
Y la 87-01, que es una ley financiera, de acopio y distribución de recursos, condicionada por la aplicación de la reforma del sector salud, para que sea viable.
Es decir, el flujo de información en el esquema planteado por las dos leyes es el siguiente: existe un órgano rector de toda la parte sanitaria, que es el Ministerio de Salud Pública y prestadores de servicios, públicos y privados, que ofrecen a los usuarios prestaciones organizadas por niveles de atención, primer, segundo o tercer nivel.
Y en la parte financiera, existe un agente que capta los recursos, la Tesorería de la Seguridad Social, que distribuye los fondos recibidos a través de las Administradoras de Riesgo (ARS), quienes han contratado los servicios ofertados por las prestadoras de primer, segundo o tercer nivel. Estamos hablando de recursos cuantiosos, la proyección de fondos públicos y privados que deberían ingresar a la TSS durante el presente año, estará cerca de los 35.000 millones de pesos, más que el presupuesto que destina el estado para la prestación de servicios del Ministerio de Salud.
Durante estos años, la mayor parte de los recursos han sido entregados a las clínicas privadas, ya que, al no existir una organización que obligue a usar la atención primaria como puerta de entrada, los servicios que se pagan son por atención especializada.
Si analizamos fríamente los resultados financieros de estos años, veremos que los recursos han sido entregados a las clínicas privadas en forma de: pagos a consultas, emergencias, cirugías y, sobre todo, procedimientos de laboratorio y diagnóstico, que han florecido como negocios añadidos a los centros de salud.
A pesar de la mala imagen que tienen las Administradoras (ARS), los números son claros y demuestran un índice de siniestralidad cercano al 90 por ciento, insostenible para cualquier negocio de este tipo, lo que ha provocado la desaparición o absorción por compra de muchas de las de menor poder económico.
Es imposible plantear un sistema de salud y hacerlo sostenible financieramente organizado para recibir a los usuarios a través de la medicina especializada, eso no existe en ninguna parte del mundo y no es cierto que lo vamos a lograr en la República Dominicana.
El gran negocio de la seguridad social lo han hecho las clínicas privadas, que lograron detener la reforma del sector y el desarrollo de la atención primaria, convirtiéndose en los grandes beneficiarios de la provisionalidad en que se desenvuelve el sistema.
Subir la cápita, sin lograr un compromiso de reforma del sector, que incluya a todos los actores y que garantice la sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazo, es simplemente retrasar las medidas necesarias para preservarlo y poner una carga financiera más sobre los hombros de los empleadores y trabajadores.
El autor es Coordinador de la Comisión de Reforma del Sector Salud.
