Mientras más se empeña la JCE en convencer sobre la seguridad de la nueva cédula de identidad y electoral, más dudas se generan sobre la transparencia de este proceso. Esta semana el órgano electoral inició una pre-campaña publicitaria que costará al país más de tres millones de pesos, hablando sobre las bondades de un documento de identidad que se propone entregar a partir del mes de marzo. Esto se hace contra viento y marea, sin dar respuestas claras y convincentes a una serie de cuestionamientos que han hecho empresas que participaron de la licitación, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.
Sabemos que la actual cédula ha quedado obsoleta y que se requiere dotar a la ciudadanía de un nuevo documento de identidad. Dada la relevancia de este tema, las cosas tienen que hacerse bien, pues se trata de la identidad de los ciudadanos y de garantizarles el ejercicio de su derecho político de elegir y ser elegido. Es necesario que la cuantiosa inversión que demanda una iniciativa de esta naturaleza, se haga de manera eficiente y transparente. Esto no puede depender de la imposición de una persona.
En primer lugar se ha cuestionado el hecho de que no ha habido un amplio proceso de consulta con los partidos políticos y las organizaciones sociales que trabajan el tema electoral. Este diálogo deberá conducir a acuerdos sobre el tipo de documento de identidad que se requiere y el compromiso de todos los actores en la movilización de la ciudadanía para la obtención de la nueva cédula.
El órgano electoral debe aclarar además, qué va a pasar con todos los datos de ciudadanos que se recogieron durante años, labor en la que por demás, se invirtió una cuantiosa cantidad de recursos.
Por otro lado, la licitación realizada para la contratación de la empresa ha sido seriamente cuestionada, sin que se haya decidido nada al respecto. Es una flagrante violación a la ley No. 340-06 sobre contrataciones públicas, el que se establezcan los criterios de evaluación después que las empresas concursantes entregaran sus propuestas técnicas. Cómo explica la JCE que dentro de los criterios posteriormente establecidos, se le diera solo 10 puntos al precio de la oferta, inferior a los 12 asignados a la bandeja de la impresora. Se habla ahora de incorporar nuevos mecanismos de seguridad no contemplados en la oferta inicial, cuánto más costará esto. En fin, quedan aún demasiadas zonas grises como para embarcarse en una empresa de esta naturaleza. Previo, es fundamental que la JCE despeje todas las dudas en torno a este proceso. l
