Cuando el próximo 11 de este mes se reúna el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se producirá un nuevo escenario en el que los actores políticos, sociales y fácticos tratarán de ponerse de acuerdo para lograr la gobernabilidad conveniente en función de sus intereses y, especialmente, de la correlación de fuerzas que marca la vida dominicana de estos tiempos.
El hecho de que no todos esos actores estén representados físicamente en ese órgano impide que se produzcan las tensiones y movimientos con el propósito de lograr algún nivel de representación en estamentos tan importantes como la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral.
Aunque una mirada superficial sugiere que el poder que representa el presidente de la República está en capacidad de decidir mayoritariamente la conformación de esas instancias, la realidad es que está obligado a propiciar una pluralidad posible, por compromisos que la práctica política ha impuesto, por el sentido de la gobernabilidad en alguna medida compartida, por la necesidad de construir o alcanzar un consenso social mínimo, por el predominio de algunos valores institucionales y hasta por su trayectoria como estadista democrático. También, por la comprensión de que un poder excesivo en una sola mano siempre será un riesgo y una responsabilidad grave, la cual resulta preferible compartir.
Una observación algo más profunda al pasado más reciente, podría sugerir otras cuestiones que ayudarán a entender cómo quedarán constituidos estos poderes. Lo primero que habría que resaltar es que el Ejecutivo pudo trabajar constructivamente para materializar una reforma constitucional porque la presidencia del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) acogió un pacto (llamado el pacto de las corbatas azules) que potenció una mayoría para ese fin. Sin la colaboración del PRD, aquello era un imposible.
Ya aprobada la reforma constitucional, y para facilitar la operación precisamente del CNM y la instauración de los nuevos órganos, también fue necesaria esa misma colaboración. En efecto, en medio de una crisis que imposibilitaba aprobar las leyes orgánicas necesarias para implantar el Constitucional, el Superior Electoral y la misma nueva SCJ, fue suscrito un nuevo acuerdo que permitió una salida al tranque.
Lo firmaron Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado, con el patrocinio de la Pontifica Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). El pacto fue denominado “Acuerdo Institucional para la Aprobación y Desarrollo de las Leyes Complementarias de la Constitución”.
El mismo, logrado aún en medio de resabios y “concesiones”, contó con el apoyo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y Participación Ciudadana. Fue suscrito el 30 de mayo, para cerrar un capítulo de la historia constitucional reciente, bajo el aura de la conmemoración de los 50 años de la caída de la tiranía de Trujillo.
Después de una práctica política compartida tan sostenida, es obvio que el PRD que lidera Vargas Maldonado quedará con una cuota de representación en esos tribunales de la República, sin importar que apenas cuente con un representante, un diputado (Hugo Núñez), como expresión del mayor partido de la oposición en la Cámara de Diputados. ¿Qué tan importante será esa representación del PRD en esos órganos? No será tan fácil determinarlo, pero lo que está claro es que responderá a las directrices de quienes controlan la franquicia del partido.
Por algún razón, el pasado 5 de junio (El Caribe, 6-6-11), el candidato presidencial del PRD, Hipólito Mejía, unos días después de la firma del acuerdo, envió una carta a Fernández y a Vargas, en la que les expresaba que acogía como “bueno y válido el pacto”, pero lo condicionaba a “si… se cumple lo que se expresa, de respetar la institucionalidad, de no violentar la solemnidad ni la soberanía del Poder Judicial y si se respeta la nueva Constitución en los mecanismos que establece para la correcta y legítima selección de los miembros del Tribunal Constitucional, de la SCJ y del Tribunal Superior Electoral por parte del CNM.”
Y más adelante proclamaba que “el PRD no debe realizar ni avalar acuerdos de aposentos para seleccionar a los miembros de esos organismos”. Hablaba un candidato con vocación de poder, en lo que parecería ser una advertencia de quien aspira a dirigir el Poder Ejecutivo y en tal virtud entiende que debe ser tomado en cuenta.
La invocación formal y visible del respeto a los procedimientos de ley e institucionalidad, en el sustrato lo que buscaba y reclama es lo que podría considerar un derecho a una representación. En el fondo, se debate todo desde una perspectiva que refleje el nivel de la correlación de fuerzas en el país.
En ese contexto habría que considerar a los actores de la sociedad civil, que entienden perfectamente que no tienen capacidad para hacerse representar por sí mismos, pero sí para reclamar espacios en la construcción del poder en estos estamentos de control social, político e institucional. Y en efecto, actúan en la dirección conveniente bajo un temperamento de sus límites y posibilidades.
Otros actores se deben estar movimiento con una divisa muy clara. Entran al juego las expresiones fácticas de poder, como las academias o los actores económicos que permean de una u otra forma el ejercicio de la gobernabilidad en el país. Todos fundamentan su discurso en la necesidad, muy cierta, de que se respeten normas y protocolos, de modo que las personas escogidas para constituir los nuevos órganos sean honorables, de modo que los “intereses superiores” de la República no queden a riesgos.
El CNM
El CNM está constituido, según el artículo 178 de la Constitución por el presidente de la República, quien lo preside, el presidente del Senado, un senador que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al del presidente del Senado, y que ostente la representación de la segunda mayoría; el presidente de la Cámara de Diputados y un diputado que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al del presidente de la cámara y ostente la representación de la segunda mayoría; el presidente de la SCJ, un magistrado de la SCJ escogido por esa misma corte y el procurador general de la República.
Esta vez el Consejo debe aprobar su propio reglamento y escoger a los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros de la SCJ, previa evaluación de los actuales, de los cuales seis saldrán porque tienen más de 75 años de edad. Otras dos vacantes deben ser llenadas, por fallecimientos.
¿Quiénes suenan?
Se habla de notables para los diferentes órganos. Milton Ray Guevara, Cristóbal Rodríguez, Jorge Eduardo Prats para el Constitucional. Para la SCJ los hermanos Manuel y Olga Herrera Carbuccia, pero difícilmente los dos resulten escogidos. También suena para la Suprema Mariano Germán y Juan Biaggi.
Para el Tribunal Superior Electoral se menciona a John Giliani, Carmen Imbert Brugal, Leyda Piña y Aura Fernández. Esta última también se menciona para la SCJ.
Pero la gran incógnita es el magistrado Jorge Subero Isa. En efecto, tiene todas las posibilidades de repetir como presidente de la SCJ. Sin embargo, hay quienes dicen que la divulgación de los cables Wikileaks tuvo el propósito de disminuir sus posibilidades.
