Desde la transición hacia la democracia en América Latina, los ejes fundamentales de la organización electoral han estado constituidos por los temas relacionados con elecciones libres, transparentes y confiables (Boneo, et al., 2007). La garantía de esto no sólo ha estado en los partidos políticos y los órganos electorales, sino además, en la observación electoral de diversos actores a nivel nacional e internacional.
La observación internacional ha sido realizada desde mediados del siglo pasado, por instituciones como las organizaciones de Naciones Unidas (ONU), de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), el Centro Carter, el Instituto Nacional Demócrata de Asuntos Internacionales (NDI), entre otras.
La experiencia de observación nacional es un fenómeno más reciente. Este tipo de observación ciudadana comenzó en Filipinas a partir de 1986 con el trabajo realizado por el Movimiento Nacional de Ciudadanos para Elecciones Libres (Namfrel), que denunció al mundo las fraudulentas elecciones organizadas en este país por el dictador Ferdinand Marcos.
En América Latina, la experiencia pionera se dio en Paraguay en 1989, a partir de la articulación de una red de organizaciones sociales denominada Saká (transparencia en Guaraní), para monitorear las primeras elecciones libres de ese país después de 34 años de dictadura del general Stroessner.
En la década del 90, varias experiencias consolidaron la observación ciudadana de elecciones en América Latina, entre las que destacan la de Perú con la Asociación Civil Transparencia que monitoreó las elecciones del 95 en que se reeligió al presidente Fujimori, y la dominicana, con la observación del Movimiento Cívico Participación Ciudadana a partir de las elecciones del 96. Esto dio lugar al surgimiento de iniciativas de observación ciudadana en más de 15 países en la región. Este tipo de observación electoral ciudadana, ha cumplido con las funciones de disuadir actos ilícitos de fraude, de informar y educar al ciudadano en la práctica electoral y de generar propuestas dirigidas a corregir y mejorar el sistema y la organización electoral.
Actualmente se habla de una segunda generación de la observación nacional, para contribuir con la calidad de los procesos electorales vigilando el cumplimiento de la equidad en la competencia, la transparencia del financiamiento político y el ejercicio en libertad del voto. Esto supone el reconocimiento del derecho que tienen las organizaciones sociales dominicanas, no sólo a la observación electoral, sino a realizarla con absoluta independencia de los partidos y del órgano responsable de la administración electoral.
