WASHINGTON— Un diputado opositor venezolano pidió el jueves al secretario general de la OEA Luis Almagro que convoque un Consejo Permanente del órgano hemisférico para analizar si la nación sudamericana ha sufrido una alteración del orden constitucional.
El asambleísta Luis Florido dijo a reporteros tras reunirse con Almagro cerca de una hora que la intención no es aislar a Venezuela sino «generar presión para que con la mediación del sistema interamericano Venezuela pueda encontrar una salida política a su crisis».
El artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana autoriza a cualquier estado miembro o al secretario general a convocar al Consejo Permanente en caso de que «en un estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático».
El Consejo Permanente tendría la autoridad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, la cual podría suspender a ese país de la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los 34 estados miembros.
Florido dijo haberle entregado a Almagro un informe firmado por la directiva del parlamento venezolano sobre lo que calificó como «la crisis institucional y humanitaria que vive Venezuela».
Sergio Jellinek, portavoz de Almagro, dijo a reporteros que el secretario general presentará un informe sobre la situación venezolana en el que concluirá si se justifica o no convocar un Consejo Permanente.
Jellinek rehusó precisar si la presentación ocurrirá antes, durante o después de la Asamblea General que la OEA celebrará en Santo Domingo del 13 al 15 de junio.
Almagro recibió a Florido un día después de que exhortara al presidente Nicolás Maduro a celebrar este año el referendo revocatorio que solicita la oposición venezolana.
El gobierno de Maduro ha descartado que el referendo pueda realizarse este año. Aún no se ha realizado una auditoría de las 1,8 millón de firmas recolectadas en abril para convocarlo. Según el oficialismo, en ese proceso se cometieron irregularidades.
Florido integró la misión parlamentaria que el mes pasado pidió personalmente a Almagro evaluar el mecanismo más apropiado de intervenir ante lo que calificaron como intentos del ejecutivo para entorpecer el funcionamiento de la Asamblea Nacional.
La organización pro derechos humanos Human Rights Watch señaló el jueves que el decreto «de estado de excepción y emergencia económica» que adoptó Maduro el 13 de mayo vulnera las obligaciones jurídicas internacionales que surgen de la Carta Democrática Interamericana, la cual incluye como un componente esencial la separación de poderes.
«La OEA debe actuar ahora, antes de que la situación empeore», dijo Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch. «A la luz del pobre desempeño del gobierno de Maduro, hay razones de sobra para temer que éste responda a una creciente crisis económica y política empleando prácticas represivas, incluyendo detenciones arbitrarias, censura y violencia».
