Las organizaciones Red Fronteriza Jano Siksé (RFJS) y Asociaciones Solidarias de Obreros Migrantes de la Línea Noroeste (ASOMILIN) así como los miembros de la comunidad de Ranchadero, Guayubín, dijeron que están opuestos al desalojo que se pretende hacer contra una familia de campesinos, la cual fue autorizada por un Juez de Montecristi por requerimiento del abogado del Estado en Santiago y el reclamante.
Los esposos Pedro Ortiz y Blanca Nieves Rodríguez, con más de 52 años de casados, dijeron haber comprado los 1,480 metros cuadrados de terrenos que ocupan en la comunidad de Ranchadero, Guayubín, los cuales reclama el doctor Rafael Antonio Napoleón Tatis Pérez, quien supuestamente había comprado a su progenitor parte de su propiedad.
Sin embargo, la familia Ortíz Rodríguez, que ha procreado siete hijos en ese lugar, explicó que en ese lugar levantaron su hogar gracias al trabajo agrícola por más de 50 años, cuando el mismo era un monte y sin valor alguno por la larga sequía, situación que provocó muchas personas se fueran de allí hacia otra ciudades.
Agregaron que últimamente, con los asentamientos de empresas bananeras y de frutas para la exportación en los fincas de esos lugares, las tierras han ido adquiriendo valor agregados, ya que también cuentan con canales de riego, y del acueducto de la línea noroeste que lleva el agua a las secciones y comunidades donde nunca había.
Los vecinos y miembros de la comunidad de Ranchadero los apoyan en su reclamo de ser los legítimos propietarios del chin de tierra y han testimoniado que ellos la pagaron poco a poco al antiguo dueño de esas tierras. Mientras las organizaciones Red Fronteriza Jano Siksé (RFJS) y Asociaciones Solidarias de Obreros Migrantes de la Línea Noroeste (ASOMILIN) llaman a los funcionarios del Gobierno a mediar ante el conflicto a fin de que los Derechos Constitucionales de la familia Ortiz Rodríguez no sean vulnerados.
