Recientemente, la organización Oxfam Internacional dio a conocer una investigación sobre la transparencia y la inversión pública para la agricultura familiar y campesina en América Latina y el Caribe. Este interesante estudio presenta la situación en que se encuentra la producción agrícola a pequeña escala en la región. Se destaca el papel fundamental que este tipo de explotación agrícola juega para la seguridad alimentaria de la región, la posibilidad de un medio ambiente sano y para el futuro de millones de personas que aún viven en condiciones de pobreza en las áreas rurales.
Uno de los componentes que llama poderosamente la atención, es el que tiene que ver con la transparencia presupuestaria, la rendición de cuentas y la participación de la ciudadanía desde la perspectiva de la agricultura familiar y campesina. Para Oxfam, la calidad del gasto público depende en gran medida de la fortaleza del Estado en cada uno de estos temas. Atendiendo a esto, dicha organización elaboró un “Índice de Transparencia Presupuestaria para la Agricultura Familiar y Campesina (ITP-AFC)”, el cual fue aplicado en 10 países de la región.
Para la elaboración de este índice, se realizaron una serie de preguntas en torno a las bases de información y coordinación de los Estados, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la participación. A partir de estos indicadores se estableció el Índice de Transparencia, el cual se mide en una escala de 0 a 100, donde 0 significa que no existe ninguna condición de transparencia para manejar una política efectiva a favor de la agricultura familiar y 100, que están dadas todas las condiciones. La República Dominicana obtuvo un puntaje de apenas 22, siendo el peor de todos los países evaluados.
Como en otros índices internacionales, una vez más quedamos ubicados en el último lugar, con una pésima puntuación. Avanzamos muy poco en materia de transparencia, a pesar de las distintas reformas que se han realizado en el país. En el propio estudio se indica que la situación de opacidad en relación a la agricultura familiar y campesina, es un reflejo de la falta de prioridad de las políticas de transparencia presupuestaria en general, más allá de las relacionadas con este sector específico. Por lo tanto, se hace necesario cumplir con las normas y obligaciones relevantes que ya existen y avanzar hacia la puesta en práctica de políticas de gobierno abierto. Esta es la única manera de superar la triste condición de ser campeones internacionales en falta de transparencia y rendición de cuentas en el ámbito público.
