El presidente de la República, Danilo Medina, mediante el decreto 389-14, ha convocado a los diversos actores que participan en el mercado eléctrico dominicano, para discutir y acordar lo que se ha de llamar el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, el cual, teóricamente, tiene por finalidad solucionar la grave y vieja crisis eléctrica que desde hace cuatro décadas afecta a todo el pueblo dominicano, desde los pobres que no tienen energía para tomar agua fría, ni para encender un abanico que les permita dormir tranquilamente bajo calor sofocante, hasta los industriales que no pueden competir con los mercados norteamericanos y centroamericanos porque pagan una tarifa que es 200% más cara que en Estados Unidos.
Cuando en 1997 el gobierno convocó a los mismos sectores para el proceso de capitalización del mismo sector eléctrico, se nos dijo a los mismos ciudadanos que con esa capitalización quedaría resuelto de una vez y por siempre el mismo viejo problema eléctrico, pero pasado el tiempo el pueblo se encontró en medio de un verdadero remolino eléctrico, donde los apagones eran de mayor duración, la tarifa eléctrica era mucho más cara, el subsidio eléctrico ya pasaba de los mil millones de dólares anuales, y el pueblo sentía, con toda razón, que había sido estafado por un proceso de capitalización, que fue vendido como la gran solución.
Con ese negativo antecedente, el gobierno de Danilo Medina ha de saber que va a transitar cuesta arriba, bajo clima tormentoso, por camino lodoso, con pendiente superior al 30%, donde lo más fácil es resbalarse y caerse hacia atrás y hacia abajo, y con alta probabilidad de recibir una descarga eléctrica, debiendo transitar ese camino con el mayor cuidado, porque quienes están convocados a participar, están dispuestos a todo con tal de ganar.
Danilo debe cuidarse para que no lo entren en el embudo de los actuales contratos eléctricos, y si quiere salir bien, debe entrar bien, y para ello debe llevar su propia propuesta donde deben quedar bien claros los siguientes puntos:
Artículo 1: El Gobierno y los generadores reconocen que el servicio eléctrico es de pésima calidad.
Artículo 2: Gobierno y generadores reconocen que la energía servida en República Dominicana es la más cara de la región.
Artículo 3: Gobierno y generadores reconocen que es urgente producir energía de bajo costo.
Artículo 4: Gobierno y generadores están de acuerdo en dejar sin efecto los contratos onerosos.
Artículo 5: Gobierno y generadores reconocen que se impone un cambio en la matriz de generación.
Artículo 6: Gobierno y generadores reconocen que es necesaria la regionalización de la matriz de generación.
Artículo 7: Gobierno y generadores reconocen que el problema eléctrico no radica en que los pobres no pagan la energía consumida.
Artículo 8: Gobierno y generadores reconocen que por cada persona pobre (10%) que no paga la energía consumida, 6 personas de clase media y alta pagan el doble de lo que debían pagar en su factura eléctrica.
Artículo 9: Gobierno y generadores reconocen que las hidroeléctricas, las plantas a carbón mineral y las plantas a gas natural tienen hoy los más bajos costos de generación eléctrica, requiriéndose, al menos, 2,500MW de bajo costo.
Artículo 10: Gobierno y generadores acuerdan que el Gobierno no pagará más de 10 centavos de dólar por cada kilovatio/hora entregado por los generadores.
Artículo 11: Gobierno y Empresa de Transmisión Eléctrica acuerdan que el Gobierno no pagará más de 2 centavos de dólar por la transmisión de cada kilovatio/hora.
Artículo 12: Gobierno y Distribuidoras de Electricidad (Edes) acuerdan que el Gobierno no pagará más de 3 centavos de dólar por cada kilovatio/hora como Valor Agregado de Distribución (VAD).
Acordado y firmado lo arriba citado, el problema eléctrico quedaría solucionado.
