La Dirección General de Presupuesto (Digepres) publicó la semana pasada el informe sobre la ejecución presupuestaria del trimestre enero-marzo 2013, luego de múltiples reclamos de distintas organizaciones por la falta de publicación de la ejecución presupuestaria desde el mes de noviembre de 2012.
A pesar de que en la introducción del referido informe se expresa que se inscribe dentro del objetivo del gobierno de “fortalecimiento de la transparencia… como medio para facilitar la veeduría sobre la gestión financiera del Estado…”, parecería más bien que en materia de transparencia de la ejecución presupuestaria estamos involucionando.
Decimos esto porque sin que mediara ninguna explicación que intentara justificar el cambio, luego de seis meses sin publicar los datos de la ejecución presupuestaria, se publica un informe del primer trimestre del año estrenando un formato que tiene más de forma que de fondo; no solo porque no se desprenden informaciones sustanciales del mismo, sino porque no se hacen comparaciones con el año anterior, haciendo incluso difícil que quien quiera hacerlas las haga, dado el programa utilizado para presentar el documento.
Todos sabemos que las actuales autoridades justificaron la aprobación de una nueva reforma tributaria mediante la Ley 253-12 por el déficit fiscal heredado de la anterior administración, así como las expresiones y manifestaciones ciudadanas que ha habido en relación con dicho déficit y la necesidad de establecer responsabilidades al respecto.
La Cámara de Cuentas, en cumplimiento del mandato del artículo 250 de la Constitución envió recientemente al Congreso su informe de evaluación sobre la ejecución presupuestaria 2012, en el cual indica que “las operaciones fiscales del Gobierno central en el 2012 cerraron con una ejecución presupuestaria global de RD$510,058.10 millones y con un déficit fiscal de RD$125,145.80 millones, para un 11.25% por encima de la meta fiscal establecida en el presupuesto vigente, ascendente a RD$112,485.50 millones”. Sin embargo, ante tan grave situación, los auditores de la Cámara de Cuentas se lavaron las manos, expresando que se abstenían de dar una opinión de auditoría sobre el estado de ejecución presupuestaria 2012 por no “haber logrado obtener evidencia suficiente y apropiada”.
Por otra parte, la Cámara de Cuentas en sus conclusiones y recomendaciones expresó su preocupación “sobre la existencia y persistencia de significativas deficiencias, incumplimientos y omisiones en los registros, operaciones y controles internos”, lo que limita “la confiabilidad de las informaciones suministradas y la eficiencia, eficacia y transparencia en el uso de los fondos públicos”.
Ante un panorama tan preocupante y alarmante como el descrito por la Cámara de Cuentas, la Digepres ha optado por actuar como si nada hubiera ocurrido, iniciando una información trimestral en el año 2013, como si el cierre del 2012 y sus consecuencias no hubieran existido, ni tampoco la práctica de publicación mensual. Al parecer, nuestras autoridades han decidido dejar una página en blanco en los anales de nuestra ejecución presupuestaria del año 2012.
