El presidente danilo medina reiteró ayer en la asamblea general de las Naciones Unidas algunas aproximaciones a sus convicciones acerca de la necesidad de que los países adopten políticas para promover la equidad social, que la mayoría de la población tenga acceso a los servicios que garanticen el desarrollo de una vida sana.

Puso empeño en demostrar que los parámetros de los organismos internacionales para medir el grado de desarrollo relativo de un país en función de los ingresos promedios sólo conducen a implantar políticas que profundizan la exclusión social.

El planteamiento es oportuno, porque República Dominicana ha sido reclasificada como país de ingreso medio alto, en atención al crecimiento del Producto Interno Bruto, sin considerar que no siempre ese resultado está orientado a disminuir las inequidades, y por extensión, a mejorar la calidad de vida de la gente.

Lo que está reconociendo el presidente Medina es que República Dominicana, pese a ese crecimiento, tiene una población con más del 60 por ciento en la pobreza y que ese desempeño no está necesariamente asociado al bienestar de la población.

La riqueza se queda en pocas manos. Tremendo drama que los dominicanos deben superar, que los organismos internacionales deben comprender, de modo que flexibilicen sus políticas de cooperación para los programas de lucha contra la pobreza y la superación de las injusticias sociales.

Por eso, celebramos que sin sonrojarse, el presidente Medina reclamara que “los organismos financieros internacionales asuman con mayor entusiasmo y comprensión nuestros esfuerzos para romper el círculo vicioso de la pobreza y la exclusión social como base para el desarrollo”.

También aplaudimos su disposición de “reorientar nuestros patrones de inversión y nuestras políticas públicas para promover la equidad y la inclusión social de los grupos más vulnerables”.

Un discurso muy comprometido y conmovedor. Falta que esté acompañado de acciones prácticas. Estamos en la víspera para definir el nuevo presupuesto y con el mismo un ajuste fiscal.

Sus palabras están a prueba. El país espera.

Nada se descubre si se afirma que ya es perceptible la presión de la sociedad para que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) complete la misión que tiene a cargo: nombrar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional.

La espera se explica si se considera el ingrediente político que permea el proceso eleccionario. Hay sin embargo que reconocer en favor del CNM, que su labor se retrasó por el escarceo para aprobar las leyes orgánicas vinculadas a las nuevas instituciones.

Tan pronto se salvaron esas dificultades, el CNM ha agotado largas jornadas. Un trabajo que sus miembros desempeñan con aplomo y paciencia, dedicando el tiempo necesario. Escuchar 80 abogados, más los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia para escoger 17 miembros; escuchar 95 aspirantes al Tribunal Constitucional para seleccionar 13 miembros, y oír y evaluar 83 más para elegir cinco jueces y sus suplentes del Tribunal Superior Electoral, es una labor dura.

Ayer, el CNM empezó a evaluar a los actuales jueces de la Suprema con vocación a continuar en sus puestos. Ese trabajo termina el próximo viernes.
No hay que decir que la generalidad de los aspirantes a las llamadas “altas cortes” tiene sus méritos. Escoger entre tantos aspirantes, 258 más los actuales miembros de la Suprema Corte, es una labor delicada. Todos deben ser evaluados en su mismidad.

Pero es justo señalar que el de-sempeño y la sabiduría acumulada por los actuales miembros de la Suprema que se sometieron a la evaluación, aún sea a puerta cerrada, merece un tratamiento justo. Si bien todos los aspirantes tienen sus méritos, los jueces actuales compiten con la credencial de su ejercicio.

En una palabra, el Consejo de la Magistratura tiene que actuar con la majestuosidad, la templanza, la prudencia y la justicia que conllevan decisiones de esta envergadura.

El país observa y espera, sin prisa, pero con sentido de espera.