La República Dominicana vuelve a una corte internacional a tratar un caso haitiano.
El Estado dominicano tendrá mañana una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para conocer la demanda que pesa contra el país por supuesta violación al derecho de ciudadanos de ascendencia haitiana a la nacionalidad dominicana.
La audiencia originalmente se había fijado para el 2 de noviembre del 2012, pero la CIDH la pospuso para el 12 de este mes debido a que el Gobierno dominicano alegó que no se le había comunicado con el tiempo suficiente para preparar su defensa.
La demanda fue presentada por el director del Centro Bonó, sacerdote Mario Serrano, que también representa el Servicio Jesuita para Migrantes; Solidaridad Fronteriza, padre Regino Martínez, Siriana Dolis, directora ejecutiva del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (Mudha); Marselba Goncalvaes Margerin, director del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos, y Juan Enrique Telemín, coordinador de la Asociación para la Cooperación y Desarrollo.
El grupo envió un documento en agosto del 2012 a la Organización de Estados Americanos (OEA) en el que acusan a la Junta Central Electoral (JCE) de implementar medidas para desnacionalizar a hijos de haitianos de la nacionalidad dominicana.
Grupos ayunarán frente a la JCE
El movimiento Reconocido anunció que hoy hará una vigilia frente a la sede de la Junta Central Electoral (JCE) y que a partir de mañana, doce de las personas afectadas con la aplicación de la resolución iniciarán ayunos por tres días consecutivos en las inmediaciones del organismo.
Tema genera diferencias interno JCE
Recientemente, el pleno de la JCE decidió rechazar la propuesta de someter ante el Congreso un anteproyecto de ley que propuso el miembro titular del organismo José Ángel Aquino para otorgar registros de nacimiento a hijos de madres extranjeras no residentes.
Además de Aquino, Eddy Olivares votó contra la decisión de enviar casi 20 mil casos a la dirección de Migración. En su voto razonado, Olivares establece que la JCE debe rectificar esa decisión debido a que con esa medida se está mezclando el tema del registro civil con el migratorio.
Sostiene que el manejo que la JCE le ha dado al tema le ha causado un serio cuestionamiento internacional al Estado dominicano en el sensible tema de los derechos humanos. l yanessi espinal
Lo que establece la resolución 12-07
La Cámara Administrativa de la JCE aprobó en el 2007 la resolución 12 que establece la suspensión temporal de la entrega de actas del estado civil que se hayan instrumentado de manera irregular con la finalidad de depurar el registro civil.
Sin embargo, según los grupos hay más de mil 500 dominicanos de ascendencia haitiana que se les han negado los documentos de identidad.
