Un aspecto esencial de nuestra democracia lo constituye el rol que debe desempeñar el Estado en la promoción de un desarrollo que tenga como centro la calidad de vida de la gente. Este es un tema aún vigente a pesar de que de un tiempo a esta parte la ortodoxia neoliberal se encuentra de retirada. El problema es que también la referencia del Estado de bienestar, por lo menos en el modelo europeo, se encuentra en una profunda crisis. Toda parece indicar que independientemente de los cambios de las últimas décadas, prevalece la apuesta por instituciones políticas débiles y sin responsabilidad en la búsqueda de respuesta a los problemas principales de la sociedad.
Con Estados mínimos sólo puede aspirarse a conservar democracias deficientes. Desde hace tiempo se ha procurado reducir la capacidad de los gobiernos en las decisiones de políticas económicas y sociales. La captura del Estado por parte de intereses corporativos, un mal generalizado en la región y particularmente presente en la República Dominicana, dificulta el papel de este en asegurar la universalización de los derechos. El Estado tiene la responsabilidad de jugar un rol activo en el cumplimiento de este propósito. Debe cuidarse de la trampa de jugar un simple rol de intermediación obrero-patronal, en temas tan relevantes como el de la seguridad social, el mercado laboral o la reforma fiscal.
Se requiere de instituciones políticas que tomen partido por los más pobres, desde una perspectiva de garantías del pleno cumplimiento de los derechos fundamentales. Desde este punto de vista, se requiere de un Estado fuerte, que a partir de un uso racional y eficiente de los recursos, cumpla con las necesidades y expectativas de la gente. No se puede tener un Estado grande en función de mantener la lógica clientelar que ha predominado en el país. Sin embargo, debe permitirse que su tamaño sea determinado por el nivel de compromiso que este asuma en áreas tan importantes como la educación, la salud y la seguridad ciudadana.
En tal sentido, un reto fundamental asociado al tipo de Estado que queremos, tiene que ver con hacer realidad la disposición constitucional de que el dominicano debe ser un Estado Social y Democrático de derecho. El segundo reto está relacionado con la superación de las prácticas clientelares y patrimoniales en la relación Estado-sociedad. Por otro lado, el Estado no debe ser entendido como una fuente para el enriquecimiento ilícito. Es necesario romper con la asociación Estado-botín, la cual hace posible la acumulación originaria de capital para que ciertos dirigentes sigan perpetuándose en el poder.
