Durante los últimos años, el principal punto de la agenda económica de la Nación ha sido el de la sostenibilidad fiscal.
Nueve de cada diez noticias, análisis o artículos de prensa publicados se han centrado en si el déficit fiscal es demasiado elevado y tiene que ser reducido, si el gasto público está desbordado y debe ser racionalizado, si la presión tributaria es o no suficiente, si el ritmo de aumento de la deuda pública es sostenible o no, o si ya alcanzamos el nivel máximo de deuda pública que soporta nuestra economía.
La intensidad que ha exhibido este debate ha sido de tal magnitud, que cuando abordamos el tema del crecimiento económico, el debate regresa al ámbito fiscal: cómo puede el Gobierno estimular el crecimiento a través de un mayor y más efectivo gasto público.
Es urgente salir de esta trampa. El Estado representa cerca al 20% de la actividad económica.
Pedirle a quien apenas representa el 20% de la economía que, a pesar de estar bastante endeudado y exhibir un nivel de déficit significativo, encabece el proceso de recuperación del crecimiento con políticas fiscales, es una insensatez.
A muchos nos preocupa cómo los déficit fiscales de los últimos años han elevado la relación deuda pública/PIB, estimándose que este año terminará en 47%. Pensar que de la noche a la mañana podríamos eliminar un déficit fiscal que alcanzó 6.8% del PIB en el 2012, es un supuesto heroico en cualquier economía.
El Gobierno se trazó una meta muy ambiciosa para el 2013: 2.8% del PIB. Para el 2014, reconociendo el efecto recesivo que tuvo esa fuerte contracción del gasto y déficit fiscal, se tomó la decisión de repetir la meta de 2.8% y no bajarla más, como se tenía previsto inicialmente.
No deberíamos olvidar que la relación deuda/PIB tiene un numerador y un denominador.
No debemos enfocarnos exclusivamente en la adopción de políticas fiscales que desaceleren el crecimiento del numerador. Igualmente importante es determinar el porqué el denominador no está aumentando más rápidamente y qué deberíamos hacer para lograrlo.
En otras palabras, qué debe hacer República Dominicana para volver a crecer a tasas promedio del 6% anual.
Para volver a crecer necesitamos ejecutar una serie de reformas microeconómicas que contribuyan a mejorar el proceso de asignación de recursos, fomenten una mayor incorporación del factor trabajo en la producción, estimulen un mayor ritmo de acumulación de capital y eleven la productividad total de los factores.
El Gobierno dominicano ha comenzado a enviar señales que van en esa dirección.
La primera gran reforma que se requiere es la del mercado laboral. El objetivo de la reforma debe ser el de estimular la creación de empleos, especialmente en el sector formal de la economía, elevar la productividad del trabajo y mejorar los salarios que reciben los trabajadores.
Para ello es imprescindible examinar cuáles son las barreras e inflexibilidades que exhibe el mercado laboral y que impiden un ritmo de contratación más acelerada de trabajadores.
La reforma educativa, a medida que vayan madurando sus efectos, permitirá elevar la calidad de los recursos humanos y crear espacios para un aumento de la productividad laboral.
El aumento de la productividad laboral derivado de la reforma educativa, sin embargo, no se percibirá en el corto y mediano plazo, pues los efectos de estas reformas toman de 10 a 15 años en producirse.
Otra reforma importante es la del mercado de tierras. El mercado de tierras en RD no es transparente.
Existen serios problemas de titulación, proliferación de títulos fraudulentos, solapamientos de títulos en poder de diferentes propietarios sobre un mismo terreno, mafias que han logrado permear algunos segmentos del Poder Judicial para agenciarse títulos falsos, y ausencia de un sistema de información oficial que permita a un inversionista saber si está comprando un terreno o un eventual problema judicial.
La falta de transparencia en el mercado de tierras ha limitado la inversión inmobiliaria, la ejecución de proyectos hoteleros en polos turísticos, y la inversión en el sector agropecuario.
La opacidad en la titulación de tierras, por otra parte, limita la capacidad de la banca local e internacional de conceder préstamos para proyectos de alto impacto económico y social, ya que uno de los requisitos previos para la concesión de esos préstamos es que los proyectos se ejecuten en terrenos sin problemas de titulación. Lo anterior se agrava porque a nuestro sistema judicial, resolver estos casos, le toma de 5 a 7 años.
Cuando los mercados fallan, el Estado debe intervenir para compensar por las fallas y permitir que los recursos económicos se asignen eficientemente, como sucedería en un mercado que funcione adecuadamente.
La intervención reviste más urgencia si la falla se produce en un país con elevados niveles de pobreza y deficiencias del Poder Judicial para corregir las fallas a través de sentencias justas y oportunas.
La reforma deberá identificar los terrenos en situación de litis, titulación opaca o falsa, solapamientos de títulos, localizados en zonas con elevado potencial para el desarrollo de proyectos turísticos y agropecuarios, entre otros, y declararlos de utilidad pública.
El Gobierno licitaría la venta de los terrenos declarados en utilidad pública entre los inversionistas interesados en los mismos para ejecutar proyectos turísticos y agropecuarios.
Los recursos producidos por la venta de esos terrenos, en caso de que los inversionistas no hayan pagado previamente por ellos, serían depositados en un Fondo que permitiría al Estado hacer frente a cualquier pasivo contingente que pueda derivarse de futuros fallos judiciales.
El Estado asumirá cualquier pasivo derivado por fallos judiciales en el caso de que el Poder Judicial determine que un propietario real de esos terrenos declarados de utilidad pública le fueron violentado sus derechos.
El Estado resarciría a los propietarios de esos terrenos con los recursos que pueda tener el Fondo constituido para tales fines y/o con bonos del Tesoro a largo plazo.
Otras reformas y acciones serían necesarias para fomentar una mayor acumulación de capital a través de aumentos considerables en el ritmo de la inversión privada.
Sectores a ser abordados incluyen las telecomunicaciones, la minería, las zonas francas y la electricidad.
El sector de telecomunicaciones ha perdido dinamismo en los últimos tres años. La razón fundamental reside en la ausencia de espacio en el espectro radioeléctrico que permita a las empresas poder expandir los servicios que ofrecen.
Licitar frecuencias adicionales en el espacio radioeléctrico constituye una condición sine qua non para que el sector de telecomunicaciones vuelva a realizar inversiones cuantiosas.
El Indotel, utilizando informaciones sobre los precios actuales por MHz que se han registrado en la región en licitaciones del espectro radioeléctrico, debe convocar una licitación lo antes posible.
En Perú, por ejemplo, en una licitación realizada en julio del 2013, la empresa Telefónica Móvil Perú, ganó la licitación de 60 MHz en la banda 1710-1770 al ofertar un precio de US$2.54 millones por MHz. En el 2010, Cofetel licitó 30 MHz en la banda 1,900, a un precio promedio US$7.93 millones el MHz y 90 MHz en la Licitación 21 a un precio promedio de US$4.66 millones el MHz.
El Indotel, utilizando informaciones sobre el retorno que las empresas de telecomunicaciones de RD obtienen por cada MHz disponible para ofrecer su servicios, podría rápidamente fijar precios base razonables para lanzar y realizar esta licitación a la mayor brevedad posible.
Esto crearía las condiciones para que el sector recupere el dinamismo en la inversión que exhibió en el pasado.
El turismo, las zonas francas, la minería luego de la culminación del proceso de inversión ejecutado por Barrick Gold Corporation y Goldcorp en la mina de Pueblo Viejo, y el sector eléctrico, muestran también un estancamiento importante, lo que ha limitado las posibilidades de crecimiento económico.
Ya mencionamos algunas acciones que permitirían relanzar la inversión en el sector turismo (mercado de tierras) y telecomunicaciones (licitación de frecuencias).
En el caso de las zonas francas, el Gobierno y el sector privado deben evaluar los nichos en los cuales hay espacio para crecer aceleradamente, teniendo en cuenta el aumento de los costos laborales que se han producido en China y las decisiones de grandes corporaciones que se han trazado como meta reducir su exposición en el mercado chino de manufacturas de exportación y andan en búsqueda de nuevas geografías para instalarse.
El segmento de calzados, por ejemplo, es uno de los que mayor capacidad de empleos exhibe.
Mientras en el 2012 el segmento tenía una participación de 3.94% de las empresas de zonas francas, fue responsable de generar el 10% del total de empleo del sector, superando a los textiles, tabaco y servicios en efectividad para generar empleos.
El Gobierno debe estimular la llegada al país de empresas importantes de manufactura de zapatos deportivos capaces de generar decenas de miles de empleos en un período de tiempo relativamente corto.
Se dispone de información sobre algunas empresas manufactureras que diseñan y fabrican para las marcas Nike, Adidas, Reebok, Asics, New Balance, Puma, Converse, Merrell, Salomon, and Timberland, que andan en búsqueda de nuevos países donde instalar fábricas. El Gobierno dominicano y el sector privado deben aunar esfuerzos para que RD pueda atraer estas empresas al país.
El Gobierno deberá enviar un mensaje claro, firme y contundente a los mercados internacionales sobre cuál realmente es la estrategia con relación al sector minero.
Hoy día existe incertidumbre en el mercado global sobre este punto, y es al Gobierno dominicano a quien corresponde llevar el mensaje de que RD está abierta a inversiones importantes en minería responsable dispuesta a ejecutar simultáneamente los programas de remediación ambiental necesarios para compensar por los efectos de la explotación.
En el sector minero, RD tiene una de las fuentes más importantes para estimular el crecimiento y promover el desarrollo económico.
Finalmente, el sector eléctrico. El Gobierno está a punto de escoger la empresa que asumirá la responsabilidad de la ingeniería, procura y construcción de las dos plantas de carbón de 300 MW.
Ahora se requiere que el Gobierno se siente con las empresas privadas del sector para desmantelar todas las barreras que podrían limitar las inversiones en la conversión y construcción de nuevas plantas a gas licuado natural, tomando las decisiones que permitan que esas plantas generen al menor costo posible.
Terminadas las acciones para reformar la matriz de generación, todos los esfuerzos se alinearían en la ejecución de una estrategia integral de reducción y eliminación de las pérdidas de las empresas distribuidoras de electricidad.
El Gobierno debería estar abierto a la inversión nacional y extranjera para apoyarlo en este esfuerzo. l
