El procurador general de la República instruyó ayer a todos los fiscales para que soliciten prisión preventiva en todos los procesos referentes al porte ilegal de armas de fuego.Francisco Domínguez Brito dijo que sin excepción, se debe pedir como medida de coerción la privación de libertad a los ciudadanos acusados de utilizar armas de fuego de manera ilegal.
Señaló que la medida es debido a que en los últimos meses el país ha sido víctima de un aumento en los atracos, además de presentarse varios casos de robos a instituciones financieras, los cuales, se realizan utilizando armas que obtienen fruto del robo o del tráfico de las mismas.
A través de un comunicado dirigido a todos los miembros del Ministerio público, Domínguez Brito destacó la necesidad de que se le ponga un alto a estos hechos, y ordenó ser más duros con los casos relativos a la violación de la Ley 36 de 1965 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas de Fuego.
Uno de los principales argumentos a utilizar en la motivación de los casos ante los jueces de las Oficinas de Atención Permanente, es que quienes la tienen de manera ilegal las “usan para robar, matar personas y que deben de estar presos” y es bueno que la población sepa esto.
“Para motivar la solicitud de prisión preventiva deben insistir, los jueces, en la peligrosidad de usar armas ilegales y en la facilidad que tienen estas personas de utilizar esas armas para atemorizar personas y escapar del alcance de la justicia”, refirió.
Un proyecto de Ley para la regularización y control del uso de las armas de fuego está en el Senado de la República. El procurador general así como la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, expresaron su rechazo a esa iniciativa.
Ambos consideran que ese proyecto de ley de ser aprobado tal y como fue concebido por el diputado Víctor Bisonó, abriría las puertas al negocio y comercialización de armas de fuego.
