El temor que se manifiesta en relación con la escogencia del miembro faltante de la Suprema Corte de Justicia, debido a la vacante que se produjo por no aceptar de su permanencia como juez el expresidente de la misma, retrata de cuerpo entero nuestra frágil institucionalidad.
Decimos esto porque a pesar de que existe un mandato inequívoco en el artículo 180 de la Constitución que establece que las tres cuartas partes de los miembros de la Suprema Corte de Justicia deben ser seleccionados de la carrera judicial; una parte de la sociedad teme que la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) justo después de que se llegara a un acuerdo para que el actual secretario de la Liga Municipal renunciara a sus aspiraciones de permanecer en el cargo, esté vinculada a este hecho.
De los 17 jueces que conforman la Suprema Corte, 13, que representan el 75%, deben provenir de la carrera judicial, y solo 4 pueden ser escogidos fuera de ésta; como efectivamente se hizo al momento de su selección. Sin embargo, estamos tan acostumbrados a ver violaciones groseras a la ley e interpretaciones distorsionadas de la Constitución con tal de conseguir algún propósito, que no dudamos en especular que esto podría incumplirse.
Sin llegar a tales extremos, que hay que presuponer como impensables, el CNM podría cumplir con el mandato del 75%; pero seleccionar a un juez simplemente por ser cercano a algún partido político; que se sospecha podría ser el PRSC.
Como el reglamento de la Ley Orgánica del CNM fue diseñado expresamente para darle total discrecionalidad en la selección, señalando incluso el mismo que para todo lo no previsto por este, el Consejo tomará la decisión que estime conveniente; lamentablemente podría tomarse la decisión que el Presidente del CNM entienda le convenga a su ajedrez político.
Por eso en un país con tan frágil institucionalidad como este, es tan peligroso el control por un partido de todas las instituciones, porque sin importar que se trate de otros poderes del Estado, como el Legislativo y el Judicial, de órganos de supuesto control y fiscalización como la Cámara de Cuentas, de órganos colegiados como el CNM, de supra poderes como el Tribunal Constitucional o de árbitros de procesos electorales; dado que los miembros que los conforman en su mayoría han sido producto de arreglos políticos, hay un gran riesgo de que antepongan sus lealtades y conveniencias particulares de mantenerse en el cargo, al cumplimiento de la sagrada misión que se les ha confiado.
Este peligroso control no ha sido todavía bien ponderado ni por la sociedad, que aunque se queja se resigna ante el poder avasallador, ni por los propios partidos de oposición; los cuales, o ya han sido desguazados mediante el uso del clientelismo político, o existe la intención de contribuir a su debilitamiento.
Esperemos por el bien del país que la sociedad reaccione y se dé cuenta del peligro que la acecha.
