La sociedad debe contar con mecanismos jurídicos sistemáticos que obliguen al Estado, su representante, al cumplimiento de las prestaciones asistenciales a los individuos frente a las contingencias sociales. En conjunto, estos mecanismos constituyen el Derecho de la Seguridad Social.
Objetiva y específicamente, tiene como fin cubrir y satisfacer las necesidades socialmente reconocidas de la población. La seguridad social está ligada a la idea de necesidad-asistencia, lo cual es su centro de gravedad y soporte fundamental. “Todos los riesgos y todas las cargas que crean estado de necesidad o introducen desigualdades en las necesidades, deben en principio ser cubiertas o compensadas.” (Carrillo Prieto, Ignacio. Derecho de la Seguridad Social, pág. 8).
La seguridad social se refiere a contingencias sociales, definidas por Santiago J. Rubinstein, en su diccionario de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, como “sucesos que suelen provocar un apremio económico, traducido en la merma o pérdida de los ingresos habituales o, en otros casos, en gastos comunes o extraordinarios.” El término fue adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el Convenio 102.
Generalmente, los sistemas establecen beneficios asistenciales, de seguros de salud; de vejez, discapacidad y sobrevivencia (Seguro de Pensión); de riesgos laborales; maternidad, entre otros, con prestaciones de diferentes naturalezas.
Todo seguro de pensión tiene como finalidad u objetivo “reemplazar la pérdida o reducción del ingreso por vejez, fallecimiento, discapacidad, cesantía en edad avanzada y sobrevivencia.” (artículo 35, Ley 87-01). Para la concesión de la pensión se toma en cuenta primordial y básicamente la pérdida, merma imposibilidad o insuficiencia productiva del individuo, provocadas por los eventos y circunstancias indicados (vejez, fallecimiento, etc.)
No obstante la claridad de los preceptos que rigen todo sistema de Seguridad Social, es preocupante la forma como estos se violan desde hace algún tiempo en República Dominicana, con las asignaciones de pensiones privilegiadas e indecorosas que han provocado la indignación y protesta de gran parte de la población y de amplios sectores de opinión pública.
La asignación de prestaciones de pensiones debe estar conforme con la finalidad de esta institución y la idea fundamental de todo sistema de seguridad social: necesidad-asistencia, manejada esta última, con criterio de justicia, equidad, razonabilidad y proporcionalidad, como garantía de legitimidad.
Al margen de los aspectos legales ordinarios (leyes orgánicas, decretos o actos administrativos), si las asignaciones de pensiones contravienen los principios y la finalidad de la seguridad social, deben considerarse, complacientes y privilegiadas, y en consecuencias, ilegítimas y contrarias a la constitución de la República. La pensión, como derecho del ciudadano se justifica si es legal y legítima; de lo contrario debe ser revocada por cualquier vía legal, en especial, la constitucional. Esto podría ser una tarea a poner en manos de nuestro Tribunal Constitucional.
