El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, pidió ayer a la Suprema Corte de Justicia que se abstenga de conocer la acción directa de inconstitucionalidad contra la ley que limita a 75 años la edad máxima para ser miembro del Tribunal Constitucional.
Jiménez Peña dijo que la acción, incoada el pasado 27 de julio por Manuel Labourt, Miniato Coradín y Guillermo Antonio Soto Rosario, debería ser conocida por el Tribunal Constitucional, cuyo proceso de designación inició el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
El funcionario emitió su opinión en una comunicación dirigida a los jueces de la Suprema Corte para tratar sobre la acción directa contra el numeral 5 del artículo 13 de la Ley 137-11, modificada por la Ley 145-11.
“Somos de opinión que por razones de prudencia y oportunidad, la Suprema Corte de Justicia debería abstenerse de conocer directamente dicha acción, permitiendo que sea el Tribunal Constitucional, cuyo proceso de designación ya ha sido iniciado por el Consejo Nacional de la Magistratura, el que conozca y resuelva este asunto”, manifestó.
