El abogado Namphi Rodríguez advirtió a la Cámara de Diputados que cualquier legislación que se vaya a aprobar en materia de libertad de expresión y medios de comunicación tiene que observar el precedente del Tribunal Constitucional.
El jurista compareció ayer ante la Comisión de Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados a instancia de su presidente, Elpidio Báez, y explicó que el artículo 184 de la Constitución establece que las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes para los poderes públicos, razón por la que la sentencia TC-0075-16 se impone al Congreso al legislar sobre el marco regulador de la libertad de expresión.
Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Derecho, señaló que esa sentencia es la que delimita las fronteras del poder sancionador del Estado al momento de regular la actividad de los medios de comunicación.
“A partir de esa sentencia, los delitos de prensa que afecten a funcionarios públicos (excluyendo al Presidente de la República) no se sancionan con penas de privación de libertad, sino con multas e indemnizaciones económicas; eso no puede ser variado por los legisladores”, dijo.
Destacó que hay que observar el principio de la personalidad de la persecución penal, en el sentido de que los delitos de difamación e injuria sólo pueden ser atribuidos a quienes los cometieron y “nunca al periodista o al director del medio por el hecho puro y simple de publicar la información”. El también catedrático en Derecho Constitucional sostuvo que se debe garantizar el derecho de los periodistas a informar sin censura previa.
