Asonahores rechazó el proyecto de ley que cursa en el Senado y que busca regular el acceso público a las playas y ríos, y propuso a los legisladores abandonarlo.
En cambio, la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) y la Asociación de Empresas de Turismo Inmobiliario (Adeti), proponen crear una comisión técnica que elabore otra propuesta acorde con la realidad económica, social y jurídica del país.
Ambas instituciones dicen que se debe elaborar un proyecto detallado, que asuma las características geográficas y condiciones de desarrollo de las diferentes regiones, que no deje espacio a la confusión y cierre las compuertas a la discrecionalidad sin fundamento.
La propuesta está contenida en una carta dirigida al director de elCaribe, Osvaldo Santana, en la que Asonahores analiza el proyecto de ley que cursa en el Senado y del que dice que contradice aspectos constitucionales, desnaturaliza el acceso de las personas a un bien público (servidumbre), altera la franja marítima, provoca choque entre instituciones como Turismo y Medio Ambiente, contradice el actual ordenamiento territorial, pone en entredicho la seguridad jurídica, viola derechos adquiridos y afecta la inversión en el turismo y afecta su desarrollo.
La carta firmada por Simón B. Suárez, presidente de Asonahores, sostiene que “una normativa para esta compleja cuestión no puede ser un ejercicio de escritorio al margen de nuestras realidades económicas, sociales y jurídicas”.
Explica que Asonahores no apoya la propuesta que cursa en el Senado debido a que no ofrece una solución adecuada al acceso de las personas a las playas y ríos, “y por el contrario creará nuevos y más complejos problemas en este ámbito”.
Señala que el acceso público a las playas debe ser muy bien estructurado para no crear nuevos problemas que deriven en una situación caótica y creen un limbo jurídico.
Afirma el proyecto choca con el Código Civil
Asonahores explica que el proyecto que cursa en el Senado choca con los artículos 15, 51, 74 y 110 de la Constitución y contradice el Código Civil, además de que desconoce lo que establece la Ley de Registro Inmobiliario sobre la servidumbre, que es la obligación de una propiedad a dar acceso a otra propiedad vecina, y este caso a la costa, ríos y lagos del país.
