La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó medias de coerción consistentes en garantía económica de RD$35 millones líquidos, presentación periódica e impedimento de salida contra cuatro españoles y un dominicano acusados de estafa.
A los hombres se les acusa de utilizar en asociación a las empresas Delta Intur, Promociones Keops, e Inversiones Inmobiliarias y Turísticas (INTUR) para emitir valores sin autorización (bonos corporativos) logrando estafar 418 personas, quienes perdieron el ahorro que en muchos casos les había llevado toda la vida.
De su lado, la Mesa de Operaciones de Oferta Pública de Bonos Corporativos (victimas) constituida en parte civiles también solicitan contras los querellados, los españoles Leonardo Sánchez, Mariano Vallejo, José Ignacio Martin, Francisco Cerén y el dominicano Julio José Vega López, imponer medidas de coerción reales que garanticen en su conjunto la suma de RD$850 millones.
Según las víctimas la Corporación Delta Intur había acumulado obligaciones frente a particulares de oferta pública no autorizada ascendente a la suma de mil 170 millones.
El problema inició cuando la empresa Inversiones Inmobiliarias y Turísticas (INTUR) realizó una oferta pública de valores sin la debida autorización, por lo que recibió una sanción. En tanto, Delta Intur en fecha 23 de enero de 2009, emitió bonos corporativos por un monto total de RD$300 millones con el propósito de sustituir la oferta pública no autorizada de INTUR hasta la suma de los mil 170 millones. Esta emisión se realizó con garantía hipotecaria, pero luego determinaron que los terrenos no costaban el valor de la colocación de los bonos.
Luego el 10 de julio de 2012 los obligacionistas les dieron un plazo de 10 días a los imputados para que cumplieran con los compromisos contraídos, exigiendo el pago de los intereses y las moras adeudadas, sin que hasta la fecha haya cumplido dicha solicitud. La Fiscalía solicitó que el caso sea declarado complejo.
El Sexto juzgado de la Instrucción aplazó la audiencia para conocer de la solicitud de medida para el uno de julio a fin de notificar documentos.
