La Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones (Fenacodep) pidió ayer a la CDEEE fijar un precio tope al kilovatio hora de energía, que no supere los 10 centavos de dólar (RD$3.85) para los colmados del país.
La organización, en la celebración de su XVII Congreso Nacional, pidió también a la Dirección General de Impuestos Internos una mayor flexibilidad en la aplicación del Régimen Contributivo Simplificado, que se aplica a las micros, pequeñas y medianas empresas, especialmente en los montos y partidas de pagos de impuestos. “De continuar el pago de los impuestos como se ha estado haciendo, corremos el riesgo de que quiebren muchos colmados, al perder su capital de trabajo y operación”, dijo Héctor Sánchez, director ejecutivo de Fenacodep.
Esas palabras las pronunció en el hotel Barceló Lina, antes de que fuera juramentado Manolo Troncoso como nuevo presidente de la entidad comercial. Troncoso sustituye a Fausto Figuereo. Otro pedido que surgió del evento es que el Programa de Apoyo a la Micro y Mediana Empresa (Promipyme) agilice la aprobación de la Ley 488-08, y que se asigne al mismo al sector en el presupuesto del año 2012 un fondo especial no menor a los RD$10,000. La idea es que esos recursos se destinen a préstamos con tasas blandas y plazos cómodos para las Pymes.
En un salón repleto de personas, donde se reconoció la labor de un conjunto de empresarios y del ministro administrativo de la presidencia, Luis Manuel Bonetti. Fenacodep aprobó a unanimidad en su congreso solicitar a la Asociación de Bancos Comerciales (ABA) un manejo más justo de los costos aplicados en las cuentas corrientes que aperturan los detallistas en esas entidades de intermediación financieras.
Preocupa inseguridad
El evento de ayer se convirtió en un escenario propicio para tener un termómetro de cómo está la situación del país en materia de seguridad ciudadana, pues había delegaciones de todos los rincones de la nación.
De ahí que Fenacodep aprovechó la presencia de la prensa para resaltar el peligro que corren los comerciantes frente a la delicuencia existente. “Hay que modificar el Código Procesal y del Menor. Los comerciantes y sus familias corren un enorme peligro en sus establecimientos”, dijeron los directivos de la entidad.
