En su reciente y memorable discurso ante la Asamblea Nacional, el presidente Danilo Medina anunció que en la segunda semana de este mes, el país conocería el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Se trata, como bien destacó el mandatario, de un tema complejo e importante, pues la delincuencia y la criminalidad han generado una percepción de inseguridad, que ha cambiado los hábitos de amplios segmentos de la población. A juzgar por la afirmación de Medina de que con el nuevo Plan se pretende “atacar de forma simultánea la delincuencia y sus causas profundas”, se pudiera conjeturar que podemos estar en presencia de un nuevo giro de la política criminal del Estado.
Aunque desde hace tiempo se reconoce que la delincuencia es un fenómeno “multicausal”, sólo más recientemente se ha reconocido que la política criminal -de la que un Plan Nacional de Seguridad es una herramienta- debe ser concebida como una respuesta integral al fenómeno del delito, atacando no sólo sus manifestaciones, sino también sus diversas causas. Un Plan Nacional de Seguridad con perspectivas de contribuir a reducir los niveles de delincuencia tiene que plantearse en el marco de una política criminal, que se perfile como un conjunto de respuestas de la sociedad en su conjunto frente al problema criminal, como ha planteado Delmás-Marty, y no sólo como simples respuestas del Estado a las desviaciones socialmente intolerables.
La delincuencia no es sólo un mal social que provoca daños, dolor y muerte a sus incontables víctimas. Es también una industria de la que viven muchas personas, de ambos lados de la línea que divide al delito de las conductas socialmente adecuadas. La política criminal propia de un Estado Social y Democrático de Derecho tiene como objetivos generales la prevención del delito, la persecución y sanción de las conductas desviadas más graves, así como la reintegración social del infractor, en un marco de respeto de los derechos fundamentales. En ese sentido, el anuncio del presidente Medina de que la comisión presidencial, integrada por funcionarios del más alto nivel, ha consensuado una propuesta que va a dar respuestas a las necesidades reales del país en materia de contención del delito, ha generado expectativas de que, en lo sucesivo, los dominicanos seremos más efectivos en el combate de este fenómeno social.
Y digo los dominicanos, porque como nos ha enseñado Daniel Pou Suazo -el experto criollo en políticas públicas y en seguridad ciudadana más reputado a nivel internacional-, la política criminal debe ser “ciudadanizada”, para que cada habitante de esta nación contribuya al éxito de este nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que se avecina.
