Nuestra primera prioridad en materia institucional debe estar orientada al fortalecimiento de la posición de los ciudadanos frente al poder estatal.
Tenemos otras muchas prioridades, es cierto, pero la experiencia indica que nos hemos empantanado en el esfuerzo por consolidar las instituciones y con ello la democracia, cuya práctica entre nosotros sigue siendo débil y excluyente. Así, con el correr del tiempo, hemos destruido la capacidad de los ciudadanos para controlar de manera eficaz al Estado y a sus organismos represivos.
Lo que no acaba de entender el liderazgo político, porque no le conviene hacerlo, es que la más importante urgencia en el ámbito institucional se reduce a la necesidad de crear una opinión pública con suficiente peso para controlar un poder estatal cada vez más dominante, con efectos embrutecedores en la conciencia cívica de los dominicanos.
A diario se dan casos patéticos que revelan el alcance de ese poder, como prueba fehaciente de nuestra frágil institucionalidad y del poco valor que las opiniones ciudadanas tienen en la formulación y aplicación de políticas públicas, lo que ha permitido a la clase política un dominio casi absoluto de la vida nacional en todos los sentidos, con un lógico resquebrajamiento del respeto a la Constitución y las leyes, sin costo alguno para los infractores. La democracia no alcanzará en este país un estadio ideal de seguridad ciudadana, mientras no seamos capaces de crear instituciones idóneas y respetables que suplanten el predominio de una clase política anquilosada y corrupta que ve en el ascenso al poder una oportunidad personal y no la de mejorar al país y garantizar la felicidad de un pueblo hastiado ya de las decepciones que resultan de las promesas incumplidas. Sería otra decepción que las actuales autoridades desperdicien la oportunidad para comenzar a cambiar algunas cosas.
