En los famosos doce años de Joaquín Balaguer los crímenes cometidos por uniformados, policías o militares, solían quedar sin castigo. Muchos asesinatos estaban asociados a la intolerancia política. El anticomunismo, que se amparaba en una ley que proscribía la promoción de las ideas marxistas, fue desde el punto de vista ideológico en lo que se apoyó la Administración para instituir la represión como mecanismo de control, opresión y muerte de cientos de opositores.
La violencia del gobierno contra sus opositores se concebía como una prolongación de la confrontación entre las grandes potencias, el largo período de la “guerra fría”, que solía calentarse con conflictos regionales o nacionales. La República vivió la guerra de abril de 1965 y la intervención militar norteamericana. Los asesinatos políticos eran explicados como la continuación de ese enfrentamiento, pero se trataba de una cacería selectiva. Y como era de esperarse, ese proceder permeó todo el aparato represivo del Estado. Los policías, principalmente, hostilizaban a los opositores, especialmente a los de izquierda, en la cual había tendencias que apostaban a la acción armada. El asesinato adquiría cierta característica política. Pero comoquiera estábamos ante crímenes en una sociedad gobernada por la intolerancia.
Un policía que cometía un crimen podía quedarse en el cuartel, como si nada hubiese pasado. Eran aquellos tiempos. Pero todavía la propensión a la violencia sigue. Persisten los famosos “intercambios de disparos”.
No hace mucho un policía mató a un chofer de Cevicos, en la avenida Nicolás de Ovando con Máximo Gómez, y sobre la base de una alegada defensa propia, no recibió ningún castigo judicial. Ayer, otro agente de la AMET mató a un dirigente sindical. Un acto de barbarie.
La sociedad espera que esta vez no haya encubrimiento ni explicaciones baladíes y que el uniformado sea procesado por la justicia ordinaria.
Ya basta de esa clase de brutalidad policial. Eso también debe cambiar. Los policías son los primeros llamados a proteger y respetar el derecho a la vida.
