En un documento reciente, el gobierno reconoció que, a pesar de los avances en algunas áreas, en 2015 el país no habrá logrado alcanzar la mayoría de las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Aunque vergonzoso, ese era el esperable resultado de la evidente indiferencia de las élites del país respecto a esos objetivos y a la vida y suerte de la gente pobre.
A pesar de ese reconocimiento, en ese documento, el gobierno define nuevas políticas, intervenciones y objetivos concretos para acelerar el logro de las metas. ¿Cuáles son? ¿Qué propone para apresurar el paso? ¿Harán la diferencia? Veamos lo que plantea en cuatro de los ocho objetivos.
En materia de hambre y pobreza extrema, el gobierno propone ampliar la cobertura y fortalecer el programa de transferencias condicionadas (Solidaridad) con especial atención en hogares muy pobres con jefatura femenina. También quiere reforzar el cumplimiento de las corresponsabilidades como la asistencia escolar, y el control de la salud de niños y niñas. En adición, se propone lograr una política social más integrada y con una mayor participación de la comunidad. En empleo, que es parte de los objetivos de pobreza, el gobierno busca promover las pequeñas y medianas empresas, e impulsar por varias vías la formación técnica.
Las transferencias condicionadas son un instrumento útil para mitigar la pobreza extrema, pero sólo en el corto plazo. El paquete es efectivo a largo plazo sólo si hace que la gente use los servicios hospitalarios y educativos, y si estos son de calidad, de tal forma que la transferencia trascienda la mera asistencia y se convierta en capacidades humanas. De allí que la clave esté en la inversión en esos servicios y en su calidad, no en la asistencia monetaria misma.
Por su parte, la estrategia para aumentar el empleo tiene un problema fundamental: dice poco respecto a lo que hará para que la economía empiece a generar empleos de calidad. El problema más serio es que la economía sólo crece en sectores que crean pocos empleos. Los créditos hacia las PyMEs y la agricultura, son positivos, pero su impacto es limitado y difícilmente haga la diferencia. Aunque la falta de respuestas en esta materia es generalizada en la sociedad, sería bueno ver al gobierno ejerciendo un liderazgo creativo en esto.
Con respecto al objetivo de lograr la enseñanza primaria universal, el gobierno está bien enfocado en cómo atacar el problema de la oferta educativa: más infraestructura, recursos pedagógicos y personal docente para programas desde el nivel inicial hasta octavo curso. Pero no parece que tenga claro, al menos juzgando por el documento, cómo enfrentar la deserción. Esto requiere atención focalizada en la población en riesgo y su entorno familiar, y en el ambiente escolar, aunque es probable que la tanda extendida ayude a retener estudiantes.
En relación con el objetivo de reducir la mortalidad infantil, allí parece haber mucha claridad. Las autoridades se proponen mejorar la calidad de los servicios de salud (porque muchas muertes son prevenibles con una adecuada atención hospitalaria), mejorar la vigilancia nutricional en la población infantil (la desnutrición aumenta la probabilidad de muerte), fomentar la lactancia materna, y fortalecer los programas de control del crecimiento y de vacunas. La meta que se propone es reducir la mortalidad a la mitad (de 30 a 15 en 2016) y reducir la incidencia de la desnutrición infantil.
Por último, para el objetivo de mejorar la salud materna, el gobierno se propone reducir la mortalidad materna en 2016 hasta la mitad del nivel actual. Para ello quiere mejorar la calidad de la atención hospitalaria, ampliar y mejorar el control pre-natal, con atención especial en adolescentes embarazadas, y ampliar los servicios de planificación familiar en los centros de salud. Un vacío en esa estrategia es que no considera programas de educación sobre derechos sexuales y derechos reproductivos en las escuelas y otros espacios, ni promover el empoderamiento general de las mujeres. Se trata de una pieza crítica para reducir el embarazo en adolescentes y el riesgo asociado, y empoderar a las mujeres para la defensa de sus derechos.
Las propuestas son un avance, pero hay todavía vacíos importantes. Queda por ver si hay compromiso político verdadero para mejorarlas, y para hacer que se traduzca en presupuesto y acciones.
