La percepción generalizada es que el servicio público ofrecido a la ciudadanía en las instituciones del Estado ha sido de baja calidad, de personal supernumerario, donde prima el autoritarismo, el exceso de papeleo y se genera poca confianza, donde la opinión ciudadana poco pesa o nada influye en la cultura de las “oficinas públicas” y sus empleados, sujetos que cambian “asigún” cambian los gobiernos.
Sobran las anécdotas de situaciones que dan cuenta de esta cultura y de que solo con el “boroneo”, como estímulo, puede neutralizarse la actitud de “crear dificultades para vender facilidades”. El Ministerio de Administración Pública, con Ramón Ventura Camejo al frente, promueve la promulgación de un decreto para instituir un premio, como reconocimiento a los esfuerzos de transformación de las “oficinas públicas” en instituciones modernas y eficientes, a tono con un país con dinámica que precisa de una administración pública a tono con ella.
Ocurre en septiembre del 2010 cuando se instituye el Premio Nacionalidad a la Calidad y Reconocimiento a las Prácticas Promisorias, con intención de dar forma a la cultura de calidad que debe primar en la administración centralizada del Estado, la descentralizada y la municipal, con miras a potenciar los servicios que ofrecen, teniendo como objetivo la satisfacción de la ciudadanía, como “cliente”.
Existe un modelo, entre muchos, el CAF (Marco común de evaluación), como herramienta de gestión de la calidad total, recogido en el Decreto 211-10 que modificando el anterior (ambos de Leonel Fernández), obliga a todas las instituciones gubernamentales a asumirlo como modelo de administración y a participar del proceso de autoevaluación, del escrutinio del ciudadano que demanda sus servicios y de competir para el Premio Nacional, cuando sus valores alcancen los mínimos requeridos. Las experiencias de los procesos del Premio es muy rica y aleccionadora, dando lugar a que en el 2008 la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) alcanza el Gran Premio; en el 2009, logrado por Promese/Cal; en el 2010 por la Fiscalía de Santiago; en el 2011 por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y en el 2012 por el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).
Con un Jurado de amplia representatividad (del cual soy decano por la permanencia en él), de gran compromiso y experiencias diversas, actuando con absoluta independencia y respeto de sus decisiones, cada año aumenta la lista de instituciones galardonadas en consonancia con la percepción del público, aun con mucho por lograr y contribuyendo a romper el esquema tradicional de la mediocridad endémica, que entendíamos “normal”, en el gobierno.
