El empresariado se mostró profundamente preocupado debido a que las últimas evaluaciones internacionales colocan al país entre los 35 de peor clima de negocios.Constituido en la “Cuarta Convención Empresarial 2011”, los empresarios alertaron sobre los efectos negativos de esa situación en cuanto a los niveles de competitividad, lo que se debe a la debilidad institucional existente.
Observaron que el lugar donde dichas evaluaciones colocan la República Dominicana presupone altos costos para el aparato productivo nacional y para las inversiones.
La declaración que recoge las reflexiones del evento prioriza el interés en relanzar las relaciones del sector público y el sector privado en procura de desmontar las trabas normativas y administrativas al desarrollo de las actividades empresariales y crear mecanismos eficaces para garantizar mayores niveles de seguridad jurídica en el país.
Respetar la Constitución
Para superar dicha situación, los empresarios entienden que se hace prioritario en el corto plazo observar y cumplir con la Constitución y las leyes del país.
“Entendemos que si bien se necesita la aprobación de importantes leyes, lo prioritario en el corto plazo es promover y asegurar el cumplimiento irrestricto de la Constitución y las leyes vigentes, y nos comprometemos como sector a articular mecanismos institucionales y observatorios que vigilen los niveles de cumplimiento del ordenamiento jurídico, principalmente de aquellas leyes que promueven la transparencia”, apunta.
Consideran que es de vital importancia que el Congreso Nacional supere su tradicional rol de mero aprobador de leyes y resoluciones y se dedique fiscalizar y controlar el gasto público, “creando los órganos técnicos necesarios, principalmente para garantizar mayores niveles de transparencia presupuestaria, por considerar que una democracia sin contrapesos es tierra fértil para la arbitrariedad y la discrecionalidad”.
También solicitaron a la Junta Central Electoral tomar las medidas necesarias para asegurar la transparencia del proceso electoral y garantizar la plena confianza de todas las fuerzas políticas y candidatos presidenciales, así como de la ciudadanía en sentido general.
Asimismo, reclamaron una profilaxis de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como tomar medidas para mejorar los niveles de ingresos de sus miembros y sus condiciones de vida. De igual forma, entendemos impostergable la puesta en marcha de un verdadero plan de seguridad y de lucha en contra del crimen organizado local y transnacional.
Eje económico
En el eje económico, la convención empresarial planteó la necesidad de reorientar el modelo económico hacia una economía más competitiva y más inclusiva. en ese sentido, observó que las políticas macroeconómicas, de tipo de cambio y tasas de interés, tributaria y de gastos públicos, así como las sectoriales, tienen que ser adaptadas a ese propósito central.
Asimismo, apoyó el consenso para una reforma fiscal integral que garantice a los sectores productivos competir en igualdad de condiciones frente a sus competidores regionales y a nivel mundial, “que equilibre la carga tributaria entre los sectores formal e informal para eliminar la deslealtad tributaria como forma de competencia”. Igualmente, exigió transparentar en el mercado los precios de los combustibles.
Eje social
En cuanto a lo social, la declaración plantea promover una visión global de desarrollo sostenible, incorporando a todos los sectores de la vida nacional.
Al respecto, entienden necesario fomentar la puesta en marcha de programas binacionales de desarrollo y sostenibilidad ambiental con el apoyo de organismos multilaterales, que contribuyan de manera eficaz a reducir la asimetría existente entre Haití y la República Dominicana.
También proponen promover espacios de diálogo para coordinar acciones conjuntas público–privadas que enfrenten proactivamente los impactos del cambio climático.
Nueva forma de ejercer la actividad pública
El documento contentivo de la declaración final de la “Cuarta Convención Empresarial 2011” también planteó la necesidad de que el país asuma una profunda transformación cultural en la forma de ejercer la cosa pública.
Al respecto, subraya que: “Consideramos que en nuestro país es vital estimular una profunda transformación cultural que permita establecer un nuevo modelo para el ejercicio de la actividad pública, así como de la actividad empresarial, orientado a promover mayores niveles de competitividad; entendiendo que si esto no se produce cualquier reforma normativa o iniciativa institucional caerá en el vacío o se convertirá en una mera declaración de buena voluntad”.
