El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán, desautorizó a la Asociación de Jueces de la República Dominicana a dar noticias sobre asuntos de la institución sin el permiso correspondiente.Germán ofreció estas declaraciones a propósito de la carta enviada por la Asociación de Jueces al procurador Francisco Domínguez Brito sobre el caso Bahía de las Águilas, firmada por la jueza Yudelka Villanueva. También se refirió a la participación de referida magistrada en el programa El gobierno de la tarde, de la emisora Z101.
Sobre ambos casos el presidente de la SCJ reconoció que los magistrados tienen derecho a la asociación, sin embargo destacó que está prohibido a los jueces dar noticias sobre asuntos de la institución, sin la debida autorización. Dijo que también está prohibido participar en actos que promuevan escándalos públicos. Indicó que es contrario a la ética hablar mentiras, por lo que como presidente de la Suprema repudia toda mentira que hable un juez.
Expresó que es una mentira que haya autorizado a la jueza Yudelka Villanueva para participar en un programa de la emisora Z101. Explicó que ella dijo haber obtenido el permiso de rigor, luego que el entrevistador le preguntara si había tenido la autorización del presidente de la SCJ para participar en dicho programa, igualmente consideró que la jueza Villanueva habló falsedades cuando el entrevistador le preguntó sobre lo que se estaba haciendo para mejorar las condiciones de los jueces y ella declaró que estaba discutiendo con el Consejo del Poder Judicial un reglamento para la disciplina judicial y que se había reunido en innumerables ocasiones para tales fines, por lo que ya se tenía aprobado dicho reglamento.
“Ambas declaraciones son contradictorias a la verdad, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial no ha otorgado autorización a la magistrada Yudelka Villanueva, para participar en programa radial de ninguna naturaleza, tampoco ha tenido reunión alguna con la Asociación de Jueces de la República Dominicana para discutir reglamentos disciplinarios y de pensiones”, dijo Germán.
Aunque no es usual, el pasado miércoles La Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana levantó su voz para confrontar al procurador, Francisco Domínguez Brito, quien había calificado como vergonzosa la sentencia de la magistrada Gisselle Méndez que declaró extinto la acción penal por vencimiento de plazo máximo de duración del proceso.
A favor y en contra
La abogada Ingrid Hidalgo, quien en su función de fiscal trabajó en parte del caso entiende que este proceso se extinguió en manos del Ministerio Público, que hoy debería pedir perdón a la sociedad. “Ese es un fallo que se corresponde con la ley, ajustado a la ley, la magistrada declaró extinguido el proceso por culpa de que un Ministerio Público no presentó acusación cuando tenía que haberla presentado”, indicó.
Mientras que el jurista Nassef Perdomo entiende que la jueza erró en su fallo. “Hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre este caso en particular donde la Cámara Penal dice que el cómputo del plazo empieza a partir del momento en el que empezaron a aplicársele a este proceso las reglas del nuevo Código Procesal Penal y eso ocurrió en septiembre de 2010”, indicó.
Sostuvo, además, que la juzgadora debió haber analizado mejor si los imputados habían entorpecido el proceso y que es a partir del 2010 en que el tribunal debe valorar la actitud procesal de las partes. El artículo 148 del Código dice que “La duración máxima de todo proceso es de tres años, contados a partir del inicio de la investigación”.
El abogado Julio Cury y la jueza Isis Muñiz también repudiaron las declaraciones del Procurador General de la República con las que ataca la sentencia en cuestión.
Tras indicar que los jueces no están para enmendar errores sino para aplicar la ley, la magistrada Muñiz, miembro de la Asociación de Jueces de la República Dominicana, invitó al Procurador a analizar la conducta del Ministerio Público en el caso.
“A veces queremos jugar al inmediatismo, es decir, no podemos pretender ahora, y no me quiero referir al cuerpo de la decisión porque desconozco las razones sobre las cuales se tomaron, ahora bien, si realmente de acuerdo a lo que dice la ley se extinguió porque no se actuó en el tiempo que se debió actuar, entonces lo que el Ministerio Público debió hacer un meaculpa (mi propia culpa) y reconocer que no actuó como debió actuar frente a la gravedad del caso de que se trata”, dijo.
Reproches deben ir al sistema
El exdirector de la DPCA, Hotoniel Bonilla, consideró que lejos de criticar a la magistrada que dictó la sentencia, los reproches deberían ser contra el sistema imperante durante más de una década en algunos estamentos del Poder Judicial, y determinados jefes del Ministerio Público uno de los cuales retiró la acción penal, lo que aconteció durante el período 2000-2004. Señaló que la Justicia no puede estar sujeta a que sus decisiones resulten plausibles o populares, sino que las mismas solo deben tener como límite lo dispuesto por la Constitución y las leyes. Adujo, que para evitar situaciones como éstas hay que reformar el procedimiento penal vigente.
