En lo fundamental, la propuesta de presupuesto que hizo el Ejecutivo al Congreso para 2015 es más de lo mismo, con mayores restricciones y con insuficientes innovaciones. El tamaño total del presupuesto es de unos 630 mil millones de pesos, casi 3% más grande que el de 2014, que era de 613 mil millones. Pero cuando se descuenta lo que hay que pagar tanto de intereses como de amortización de capital de la deuda pública, lo que quedará para gastar en la economía (conocido como gasto primario) sería de 441 mil millones, apenas 11 mil millones más que en 2014. Como proporción del PIB, el gasto primario se contraerá en casi un 1%. Eso reducirá la demanda y el gasto tendrá menor impacto en el crecimiento.
Esta contracción es el resultado del fuerte incremento en el pago de intereses sobre la deuda pública. En 2015 se pagarán 16 mil millones más que en 2014, y aunque en amortización de capital se pagarán unos 10 mil millones menos, el pago total subirá hasta 190 mil millones. Esto es un 30% de todo el presupuesto y más que todo el gasto combinado en salud y educación. Ya estamos pagando el costo de una política de endeudamiento desenfrenado.
Aparte de ser más restringido y del mayor peso de la deuda, la principal característica de la propuesta presupuestaria es su gran parecido al de 2014 en términos de la distribución del gasto por instituciones. Casi nada cambiará, excepto en los ministerios de Educación y Obras Públicas.
Una segunda característica muy destacada es que contempla una significativa reducción de la inversión pública. En 2015 el Estado invertirá casi 19 mil millones de pesos menos que en 2014. Como resultado, el gasto de capital se reducirá desde 3.5% del PIB o el 19.5% del gasto total, hasta 2.6% del PIB o 15% del gasto total. La forma que encontró el Gobierno para lidiar con el aumento del peso de la deuda fue contraer la inversión, mientras deja todo lo demás igual.
La creatividad y la valentía para reestructurar el gasto en tiempos malos brillaron por su ausencia. Es la manera en que todos los gobiernos se han comportado frente a situaciones similares y este no está haciendo la diferencia en eso.
Además, en contraste con el discurso que adorna el proyecto de ley, el gasto social se mantendrá inerte, en algo más que 8% del PIB, muy por debajo del resto de los países de la región. Aunque aumentará, el gasto en salud (incluyendo agua potable) se mantendrá vergonzosamente bajo. Si salvaguardar el gasto en educación hubiese sido opcional, muy probablemente otra hubiese sido la historia del gasto social. Pero para lograr mantenerlo, el Gobierno decidió reducir el gasto en otras funciones como servicios económicos (agropecuaria, transporte, energía y otros) y servicios generales. Se argumentará que fue todo lo que se pudo hacer, pero sabemos que lo que no hay es disposición para hacer cambios sustantivos.
Por otro lado, a pesar de la relativamente menor disponibilidad de recursos, con este presupuesto el Gobierno proyecta una reducción moderada del déficit fiscal.
En principio es un paso positivo (a pesar del costo que tiene porque se reducirá la inversión), porque el ritmo de crecimiento de la deuda no puede continuar. Se espera una disminución del déficit desde 2.8% del PIB hasta un 2.4% lo que hará que se reduzca el monto de la deuda que se deberá contratar en 2015 hasta 175 mil millones de pesos, 13 mil millones menos que en 2014.
Sin embargo, lograr esto depende críticamente de que el subsidio al sector eléctrico sea tan bajo como lo presupuestado (900 millones de dólares). Eso no parece razonable y puede que estemos volviendo a ver una práctica que pensábamos superada.
No obstante, hay puntos luminosos e innovaciones cualitativas que deberán contribuir a una mayor transparencia y a mejorar la calidad del gasto a largo plazo. Se destacan avances en la Cuenta Única del Tesoro (CUT), y se argumenta que un mayor número de instituciones se incorporan al presupuesto orientado a realizaciones.
A pesar de ello, el balance general de la propuesta del Gobierno es negativo. Se pudo haber hecho mucho más. Pero ya sabemos que los cambios deseados no vendrán esencialmente de allí sino de la gente misma y de su capacidad para reclamar derechos.
