El calendario fiscal entró en terreno presupuestal, y en esta ocasión las autoridades que elaboran el Presupuesto General de la Nación tienen el reto de diseñar un proyecto que, en un escenario de muchas demandas, refleje que en el 2016 habrá un manejo controlado del gasto público.
Habrá, por ser el próximo año un período electoral, demandas aumentadas en forma obligada de recursos, por lo menos para la Junta Central Electoral y los partidos políticos reconocidos, y por el crecimiento de la economía, el gasto en Educación viene también expandido.
Desde la Sociedad Civil se está exigiendo un presupuesto para el sector Salud de una equivalencia al 5% del producto interno bruto (PIB), aunque las autoridades de Presupuesto han dicho que ese nivel de asignación es imposible de conceder.
Atar la asignación a Salud a una proporción de la producción nacional, se agregaría al ambiente de inflexibilidad presupuestal que existe en el país, en el cual unas 23 leyes controlan el 70 del gasto presupuestal. La Ley General de Educación, que se ha estado cumpliendo cabalmente desde el año 2013, manda que para la educación preuniversitaria se asigne un 4% del PIB o 16% del presupuesto, cual sea mayor. Si se concediera el 5% del PIB a Salud, se estaría destinando a solo dos áreas o actividades el 9% del PIB, en un esquema donde las recaudaciones fiscales son solo el 14% del Producto.
Afinando el lápiz
En tanto, las autoridades fiscales están evaluando las directrices que tendrá el presupuesto, que al menos para Educación tendrá un incremento de unos RD$10,000 millones. El pasado jueves el Ministerio de Educación anunció que aprobó su propuesta presupuestaria del 2016, con un monto de RD$129,000 millones. El del año que transcurre es de RD$119,363.2 millones.
Los técnicos de la Dirección General de Presupuesto (Digepres) y del Ministerio de Hacienda aún no han establecido el techo del gasto público del próximo año, pero cálculos de expertos del sector privado proyectan que el monto del presupuesto rondará los RD$710,000 millones, incluyendo las fuentes financieras. Es un cálculo conservador, hecho asumiendo que el Gobierno mantendrá la disciplina fiscal que ha reflejado en los tres presupuestos que ha diseñado la actual gestión, en los cuales el déficit fiscal ha sido limitado a un máximo de 2.8% del PIB, nivel que en la práctica ha sido inferior.
Solo por el crecimiento vegetativo, que es el que incorpora al monto presupuestado el crecimiento esperado de la economía y el índice de inflación del período, se asume que el monto del presupuesto del 2016 supere en unos RD$64,000 millones al del año en curso. Las proyecciones económicas apuntan a un crecimiento del PIB sobre 6% y un nivel de inflación cercano al 4%. En base a esas dos estimaciones, se proyecta un crecimiento del producto corriente entre 10 y 11%.
Para el 2016 está previsto que algunas figuras de la reforma tributaria del 2012, aprobada bajo la ley 253-12, concluyan su proceso de aplicación, que se ha estado haciendo en forma escalonada, como el caso del ITBIS a ocho productos de la canasta básica, que comenzó con una tasa reducida del 8%, pero por la progresividad que se le ha aplicado ya está en 13% y se espera que a partir de enero llegue al 16%. También está pendiente de aplicación el impuesto a la placa bajo el criterio de cobrarlo en base al 1% del valor del vehículo. Ese impuesto, que aportaría unos RD$2,000 millones adicionales al fisco, debió comenzar a ser aplicado en el segundo semestre del 2013, en el período de renovación del impuesto a la circulación vehicular, pero fue suspendido por el Gobierno ante las presiones que surgieron. Pero está aprobado.
El presupuesto del próximo año, partiendo del escenario actual, parece que tendrá dificultades en sus componentes principales: ingresos y gastos. Los primeros proyectan limitaciones en el componente financiamiento y los segundos en las recaudaciones originadas en los impuestos a los hidrocarburos, que después del ITBIS son la segunda mayor fuente de ingresos por impuestos a mercancías y servicios. Los impuestos a los combustibles están estructurados en dos clasificaciones, una la creada por la Ley 112-00, que creó un impuesto específico, y la otra fundamentada en un impuesto ad valorem del 16%, previsto en la ley 495-06. El impuesto específico, por ser sujeto de indexación trimestral, no tiene problemas y ya recauda RD$71.10 por cada galón de gasolina premium y RD$63.16 por la regular. Pero en el segundo impuesto, al ser tipo ad valorem, que significa aplicación sobre el valor, sí hay inconvenientes porque a consecuencia de la baja de los precios del petróleo, la cotización interna de los hidrocarburos está también en baja.
Un escenario deficitario se cierne sobre el 2016
Del lado del financiamiento, la limitante está en la ventanilla que representa el acuerdo Petrocaribe, que hasta el 2014 estuvo aportando créditos de apoyo presupuestario por unos US$600 millones en promedio anual. Pero este año, con un precio del petróleo promediando un 45% por debajo de la media estimada por el Gobierno en el presupuesto del 2015 (US$92.10 el barril), el aporte de financiamiento de ese mecanismo quedará por debajo del 15% del estimado original. Se asume que la situación prevalecerá para el 2016, o que al menos los diseñadores del presupuesto no apuesten a un monto de financiamiento considerable procedente de Petrocaribe. El panorama refleja un escenario de mayores gastos con menores fuentes de ingresos visibles para financiarlos.
Fuente rebajada
Anualmente el presupuesto se nutría de US$600 millones del financiamiento de Petrocaribe, pero se anticipa que bajará.”
Asignación doble
La Ley Electoral establece una asignación equivalente al 1.5% del Fondo General para la JCE y 0.5% para los partidos políticos reconocidos.”
