En estos tiempos el gobierno trabaja en la elaboración del proyecto de Presupuesto General de la Nación para el próximo año. Tiene sentido que todos aquellos que no están en capacidad de decidir en esa materia, pero que tienen responsabilidades de Estado, o en otros casos, requerimientos sectoriales o sociales, hagan sus planteamientos acerca de las necesidades y demandas para el mejor cumplimiento de sus misiones o para satisfacer necesidades muy propias de la condición humana.
Nuestra democracia se afirma en tres poderes fundamentales, el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo, los cuales deben cumplir su papel con sentido de equilibrio, en atención a sus especificidades, no siempre obran en condición de igualdad. El Poder Ejecutivo decide toda la cuestión presupuestaria. El Poder Legislativo, si bien no tiene la potestad en la materia propia del Ejecutivo, como elaborar y formular el proyecto, sí puede modelarlo, revisarlo, modificarlo, y facultad para sugerir o inducir en la materia. Sin su aprobación no hay posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda ponerlo en marcha.
El Poder Judicial presenta sus aspiraciones, en base a planes y proyectos, pero nada puede hacer frente al Ejecutivo o al Congreso para verlas materializadas. Queda a merced de esos dos poderes.
Y eso ocurre simplemente porque el Poder Ejecutivo, con el aval tolerante del Poder Legislativo, viola sistemáticamente la ley 194-04 que establece que el 2.66% de los ingresos del Estado deben ser asignados al Poder Judicial. Esa violación desnaturaliza su autonomía, lo que tiene un impacto muy negativo en la administración de justicia en el país.
El Poder Judicial solicitó el año pasado RD$10,606.6 millones para cubrir sus obligaciones, instalar tribunales y departamentos regionales, lo mismo que levantar infraestructuras mínimas para su desempeño, pero el Poder Ejecutivo sólo le asignó RD$5,606 millones, un pírrico 50%.
A causa de ello, hay 98 tribunales instituidos mediante leyes que no han sido abiertos; 133 tribunales que operan en locales alquilados o en furgones, expuestos a toda clase de riesgos.
Todo eso en medio de una creciente inseguridad ciudadana e ilícitos que requieren del brazo reparador de la justicia. Sin un Poder Judicial fuerte no hay manera de combatir la violencia.
